Congresistas y activistas rechazan compra de guantes eléctricos para agentes del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un contrato de hasta 20 millones de dólares para adquirir guantes de descarga eléctrica destinados a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que generó un fuerte rechazo por parte de congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

Los guantes, identificados como modelo CTG-5, cuentan con electrodos en la palma que emiten pulsos eléctricos al contacto con la piel para causar dolor. Aunque el DHS los describió como un "dispositivo de desescalada", críticos argumentan que su uso podría facilitar el abuso por parte de agentes mal entrenados.

Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), calificó la medida como "repugnante y bárbara", afirmando que armar a agentes con estos dispositivos para infligir dolor a migrantes es inaceptable. Además, describió al ICE como "una agencia descontrolada con un presupuesto opaco de 80.000 millones de dólares" y urged al Congreso a poner fin al "cheque en blanco" que recibe la agencia.

La congresista Delia Ramírez (demócrata por Illinois) expresó su oposición en la red social X, afirmando que "bajo ninguna circunstancia" se puede confiar al DHS con guantes de descarga eléctrica. Ramírez impulsó el proyecto de ley 'MeltICEAct', que busca recortar los fondos del ICE para detener a inmigrantes.

Por su parte, el congresista Maxwell Alejandro Frost (demócrata por Florida) criticó en la misma plataforma el gasto de 20 millones de dólares del contribuyente en guantes para lo que describió como "matones enmascarados y sin ley".

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó a la administración de Donald Trump de tener "la capacidad de torturar a la gente discretamente". Su director, Jorge Torres, declaró que "esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición" del ICE.

El rechazo se produce en un contexto de creciente scrutiny sobre las operaciones del ICE. El organismo ha enfrentado críticas por varios incidentes mortales, incluidos los tiroteos que resultaron en la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y el colombiano Johan Durán en Maine, ambos ocurridos durante controles de tráfico.

Además, en enero, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Mineápolis provocó una ola de protestas contra el organismo, intensificando el debate sobre su conducta y la necesidad de reformas estructurales o su eliminación.