Condenan a 15 años de prisión por violación y secuestro en Pedro Brand

Un tribunal de Santo Domingo Oeste ha impuesto una condena de 15 años de prisión a José Celestino Tellería Doñé, declarado culpable de los delitos de violación sexual, rapto, golpes y amenazas. La sentencia, dictada este viernes, cierra un proceso judicial que se inició tras un violento ataque ocurrido el 27 de diciembre de 2024 en el municipio de Pedro Brand.

Los Hechos del Caso

El ataque se produjo cuando la víctima se encontraba en el interior de su vivienda. Según la investigación del Ministerio Público, el agresor irrumpió en la casa armado con un puñal mientras la mujer se bañaba. Bajo amenaza del arma, la obligó a salir y la condujo a una parcela colindante.

En ese lugar, la inmovilizó con una cinta, la golpeó repetidamente en el rostro y finalmente la violó. El episodio, descrito por la fiscalía como un acto de extrema violencia, dejó a la víctima con secuelas físicas y psicológicas.

El Proceso Judicial y la Sentencia

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Nancy Abreu, directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. El órgano persecutor logró reunir múltiples pruebas que demostraron la responsabilidad penal del acusado.

Durante el juicio, la acusación fue sostenida por las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara. El caso fue visto por el Cuarto Tribunal Colegiado, presidido por el juez Julio de los Santos Morla e integrado por las magistradas Leonarda Quezada y Clara Joselyn Rivera.

Tras más de un año de proceso, el tribunal acogió las pruebas presentadas y declaró la culpabilidad del imputado. La sentencia de 15 años de prisión será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en la provincia de San Cristóbal.

La condena refleja el compromiso del sistema judicial con la protección de las víctimas de violencia de género y delitos sexuales, y envía un mensaje claro sobre la gravedad de estos actos.

Este fallo se enmarca en los esfuerzos institucionales por combatir la violencia contra la mujer y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. La sentencia no solo busca castigar al responsable, sino también contribuir a la reparación del daño causado y a la prevención de futuros delitos.