Comunidades del Cibao coordinan nuevas protestas contra minería en Cordillera Septentrional

Representantes de organizaciones comunitarias del Cibao se reunieron en el Club Mambuiche, en Gurabo, Santiago, para coordinar nuevas acciones en defensa de la Cordillera Septentrional y articular demandas ciudadanas de alcance regional. El encuentro contó con la participación de activistas vinculados al movimiento Unidos Somos Más y la Coalición de Organizaciones del Cibao.

Durante la asamblea, los participantes aprobaron un programa de actividades dirigido a ampliar la participación comunitaria y mantener las movilizaciones contra cualquier intento de desarrollar proyectos mineros en la zona montañosa. Osvaldo Brito, vocero del Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP) y coordinador de la Coalición de Organizaciones Sociales, afirmó: "La victoria empieza cuando nos organizamos".

Los dirigentes plantearon la posibilidad de realizar protestas regionales que no se limiten exclusivamente a la defensa de los recursos naturales, incorporando a la agenda temas como el aumento de los precios de los alimentos y combustibles, los alegados abusos policiales y el rechazo al proyecto denominado "ley mordaza".

El objetivo final, expresaron los participantes, es el servicio a las bases sociales, articulándose con organizaciones institucionalizadas que demuestren lealtad a este propósito, que es el de las bases populares.

Brito citó como referencia las movilizaciones en San Juan en defensa de los recursos naturales y las protestas realizadas en Santiago y Puerto Plata contra las exploraciones mineras. Según los convocantes, las organizaciones han efectuado siete manifestaciones relacionadas con la protección de la Cordillera Septentrional.

El sacerdote Ramón "Nino" Ramos, coordinador del movimiento "Unidos Somos Más", anunció una nueva manifestación para el 3 de agosto en la entrada del distrito municipal Pedro García, en Santiago. La actividad tendrá como objetivo reiterar el rechazo de las comunidades a las actividades mineras y exigir garantías permanentes para la conservación de la cordillera, sus fuentes de agua y las zonas agrícolas que dependen de ellas.

Pedro García ha sido uno de los principales escenarios de las protestas. El 11 de mayo, decenas de residentes marcharon por las calles del distrito municipal bajo consignas como "la cordillera no se negocia" y "el agua es más importante que el oro". El Concejo de Regidores de esa demarcación aprobó en enero la Resolución Municipal 02-26, mediante la cual expresó su rechazo a cualquier proyecto de explotación minera en el territorio y respaldó a las organizaciones defensoras de la Cordillera Septentrional.

Moradores de Pedro García denunciaron la presencia de agentes militares en zonas cercanas a la comunidad El Hoyazo, donde se encuentra parte del área correspondiente a la concesión minera denominada "Cobre El Hoyazo II". Los comunitarios no precisaron cuál institución habría ordenado el despliegue, la cantidad de militares presentes ni la función específica que estarían realizando. Hasta el momento, esta denuncia no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

La concesión de exploración fue otorgada a Vertrixi Holding, SRL, mediante la Resolución R-MEM-CM-013-2024, emitida por el Ministerio de Energía y Minas el 5 de julio de 2024. La autorización comprende estudios relacionados con oro, plata, cobre y otros metales básicos, pero no concede permiso automático para iniciar una explotación comercial.

El Ministerio de Energía y Minas ha reiterado que la concesión permite únicamente trabajos de exploración y que cualquier eventual paso hacia la explotación requeriría otro procedimiento, evaluaciones técnicas, una autorización ambiental y la aprobación final del Poder Ejecutivo. La institución aseguró en enero que las pruebas geofísicas realizadas durante 2025 no identificaron yacimientos con potencial económico y que el proyecto no había avanzado hacia una fase de desarrollo o extracción.

El entonces ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sostuvo que no existía ningún plan de explotación en la Cordillera Septentrional y afirmó que el Estado actuaría como garante de la protección de los recursos naturales y de las comunidades. Pese a esas explicaciones, los residentes han mantenido sus movilizaciones porque consideran insuficientes las garantías verbales y reclaman una decisión definitiva que impida la minería en la zona.

Las organizaciones también han solicitado al Congreso declarar la Cordillera Septentrional como patrimonio natural nacional libre de minería, debido a su importancia para el abastecimiento de agua, la producción agrícola, el turismo y la conservación ambiental de Santiago y Puerto Plata. La controversia llegó a los tribunales mediante una acción de amparo interpuesta...