Comerciante denuncia presunta invasión de terrenos en Boca Chica comprados al CEA

Luis Gustavo Decena, comerciante y colono, denunció que un grupo de personas habría ingresado ilegalmente a terrenos que asegura son de su propiedad, ubicados en la parcela 509 de la inmobiliaria del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en Boca Chica, con el presunto objetivo de ocupar el espacio y construir viviendas.

Según el denunciante, los terrenos en cuestión cuentan con títulos definitivos, planos aprobados y están al día en el pago de impuestos ante la Dirección General de Mensuras Catastrales, el Registro de Títulos y el propio CEA. Afirmó poseer documentación legal que respalda su derecho de propiedad desde el año 2014.

"Estamos hablando de terrenos que están debidamente registrados a mi nombre desde el año 2014. Ahora llega un grupo diciendo que son del Estado y comenzaron a construir, sin presentar ninguna sentencia ni otro tipo de documento"

Decena calificó la situación como un presunto abuso de poder y señaló que personas que se habrían identificado como funcionarios realizaron levantamientos y marcaron áreas dentro del terreno, lo que ha generado preocupación entre otros propietarios de la zona, quienes, según su versión, han tenido que mantener vigilancia en sus propiedades por temor a nuevas ocupaciones.

El comerciante solicitó la intervención de varias autoridades nacionales, incluyendo al presidente de la República, Luis Abinader Corona, al director del CEA, a Bienes Nacionales y a la Procuraduría General de la República, para que se investigue el caso, se detengan las obras y se garantice el respeto al derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución.

Entre las personas que, según su denuncia, habrían participado en la presunta invasión y en la derribo de verjas y palizadas, mencionó al coronel activo de la Policía Nacional, Octavio Vargasfuncionario gubernamental Omar Castillo García, hijo de la exdiputada y actual directora ejecutiva del INAIPI, Josefa Castillo, y a Raúl García, entre otras personas no identificadas.

Decena advirtió que, de continuar la situación, se verá en la obligación de emprender acciones legales ante los tribunales competentes y de movilizar a otros afectados que pudieran estar en circunstancias similares.