Colectivo exige cese de controles migratorios en hospitales dominicanos

El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) realizó ayer el diálogo nacional "Voces Solidarias" en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde activistas, religiosos y representantes sindicales denunciaron los efectos negativos de la Resolución DGM-001-2026 emitida por la Dirección General de Migración en marzo de 2026.

Durante el encuentro, se reclamó el cese inmediato de los controles migratorios en los centros de salud, argumentando que dicha medida vulnera el derecho a la salud de personas migrantes, especialmente mujeres en condición de embarazo y personas en situación de vulnerabilidad. La economista y exdiputada Guadalupe Valdez, quien abrió el diálogo, sostuvo que el Estado debe hacer cumplir las leyes migratorias, pero siempre respetando la dignidad humana, los derechos fundamentales y el debido proceso.

El sacerdote jesuita Pablo Mella intervino cuestionando si los Estados limitan la migración "desde la verdad, sin prácticas injustas y vejatorias y respetando el destino universal de los bienes", citando la Doctrina Social de la Iglesia y el pensamiento de papa León XIII, quien afirmaba que ningún ser humano deja de ser sujeto de derechos por cruzar una frontera.

Los expositores coincidieron en señalar que la Resolución DGM-001-2026 genera múltiples daños a la población migrante, pues obliga a tener un contrato de trabajo formal para renovar los permisos temporales de trabajo, lo que dificulta el acceso al empleo formal y aumenta la informalidad laboral. Esto, a su vez, afecta el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la protección social.

Francisca Peguero, enfermera y activista social, detalló los retos que enfrentan los migrantes para acceder a un empleo digno, mientras que Eulogia Familia, dirigente sindical, explicó los obstáculos burocráticos y discriminatorios que impiden la formalización laboral. Por su parte, Carlos Hernández, dirigente del sector de la construcción, destacó las penurias específicas que viven los trabajadores migrantes en esa industria, donde la precariedad y la explotación son frecuentes.

El diálogo concluyó con un llamado urgente a las autoridades migratorias para revisar y derogar la Resolución DGM-001-2026, fiscalizar de manera transparente la frontera domínico-haitiana y garantizar que los controles migratorios no se ejecuten en espacios sensibles como hospitales, escuelas o centros de atención primaria, donde se pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas.