Código 29 y seguridad en RD: entre la percepción de violencia y los datos oficiales

República Dominicana enfrenta un debate creciente sobre su seguridad ciudadana, luego de una serie de hechos violentos que han generado preocupación en la población. En las últimas semanas, se reportaron agresiones en espacios considerados seguros, como hogares y negocios, incluyendo el asalto fatal al merenguero Julián Oro Duro, cuya esposa murió durante el incidente, y el ataque al actor Keny Grullón en su residencia.

Otros casos recientes incluyen el intento de asalto a una joyería en Villa Juana, donde resultó herido el vigilante Carlos Martínez, y la muerte de Joel Féliz Cuevas, alias "La Liebre", de 19 años, en un supuesto intercambio de disparos con la policía en Barahona. Este último fue señalado por las autoridades como presunto responsable de varios robos y de un asalto contra una mujer de 63 años en su vivienda.

A pesar de estos episodios, las estadísticas oficiales muestran una tendencia a la baja en indicadores clave de criminalidad. Al 25 de septiembre, la tasa acumulada de homicidios era de 7.36 por cada 100,000 habitantes, lo que representa una disminución del 15.8% respecto al mismo período de 2025 y un 44.2% menos que en 2022. Los robos reportados totalizaron 3,504 casos, una reducción del 40.5% frente a los 5,891 registrados en igual período del año anterior.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha señalado que la percepción de inseguridad no siempre coincide con los datos estadísticos, ya que esta última está influenciada por la exposición a eventos violentos y las experiencias personales de los ciudadanos.

El debate sobre el "Código 29" y las intervenciones policiales

En medio de esta contradicción entre percepción y cifras, ha surgido el término informal "Código 29", utilizado en el discurso público para referirse a supuestas operaciones en las que personas buscadas por la policía mueren durante enfrentamientos. Las autoridades policiales niegan la existencia de una política o instrucción bajo ese nombre, afirmando que sus actuaciones se rigen por el principio del uso proporcional de la fuerza.

No obstante, el debate se centra en la cantidad y circunstancias de las muertes durante operativos de seguridad. Según la Oficina Nacional de Estadística, las muertes clasificadas como "Acción Legal" (anteriormente llamadas "intercambios de disparos") aumentaron de 77 en 2021 a 227 en 2024, para luego descender a 187 en 2025. Entre 2021 y 2025 se acumularon 808 fallecimientos bajo esta categoría.

En el período del 1 al 25 de septiembre de 2026, se registraron 99 homicidios, de los cuales 45 fueron clasificados como Acción Legal, equivalente al 45.5% del total. Septiembre presentó el ritmo más alto del año, con un promedio de 1.8 muertes por día en este concepto, frente a 19 en enero y 25 en abril y mayo.

Contexto y cifras adicionales sobre operativos policiales

La experta en seguridad Josefina Reynoso, directora del CESEDE, ha estimado que entre 2020 y septiembre de 2026 se habrían producido aproximadamente 1,025 eventos clasificados como intercambios de disparos o acciones legales. No obstante, aclaró que un operativo puede concluir sin fallecidos o resultar en más de una muerte, por lo que el número de eventos no equivale al número de víctimas.

Un caso que marcó la agenda pública fue el asesinato del exponente urbano Diddy Glow en Boca Chica el 12 de septiembre, que dejó dos muertos y cinco heridos. En los días siguientes, cuatro hombres murieron en operativos vinculados a la investigación: Michael Junior Rodríguez Peguero (alias "Michael Peluche"), Enger, Wender Alcántara (alias "El Compa" o "La...") y otro individuo no identificado en el fragmento original.

Las autoridades continúan investigando estos hechos, mientras el país debate el equilibrio entre la efectividad de las estrategias de seguridad y el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.