CNM publica evaluaciones de siete jueces y abre plazo para objeciones ciudadanas

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) publicó los informes de evaluación de desempeño de siete jueces de la Suprema Corte de Justicia que continúan en el proceso de revisión periódica, tras la decisión de cuatro magistrados de no someterse al mismo, lo que ha generado debate sobre la independencia judicial y la percepción de politización en el país.

De los once magistrados que originalmente cumplían su período de siete años para ser evaluados, solo siete permanecen en el proceso: Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta, Anselmo A. Bello Ferreras, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Rafael Vásquez Goico y Samuel Arias Arzeno. Sus informes están disponibles en el portal oficial cnm.gob.do.

La publicación inicia formalmente el plazo para que la ciudadanía y las instituciones presenten observaciones u objeciones respecto a los magistrados evaluados. Las mismas pueden enviarse por correo electrónico a secretariacnm@poderjudicial.gob.do o de forma física en la Secretaría del CNM, ubicada en la sede de la Suprema Corte de Justicia, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Debate por la autonomía judicial y la confianza en el CNM

La decisión de los magistrados Luis Henry Molina, presidente de la SCJ, junto a Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, de no participar en la evaluación ha sido interpretada por algunos sectores como un ejercicio legítimo de autonomía profesional, mientras que otros la ven como una señal de desconfianza en el proceso y posible influencia política.

El jurista Carlos Salcedo defendió la postura de los magistrados, destacando que algunos tienen hasta 40 años de trayectoria en el sistema de justicia y merecen respeto por su servicio. Sin embargo, advirtió que estas renuncias deben servir para reflexionar sobre el diseño de la evaluación, insistiendo en que el CNM debe aplicar criterios objetivos, uniformes y desvinculados de intereses políticos para preservar la credibilidad del proceso.

Salcedo también sugirió que la evaluación incluya el análisis de la motivación de las sentencias, la solvencia ética y moral de los magistrados, así como señales claras de imparcialidad y debido proceso, elementos esenciales para recuperar la confianza ciudadana en el poder judicial.

Preocupaciones por politización y propuestas de reforma

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó su preocupación por la percepción de que las designaciones judiciales puedan responder a acuerdos previos o intereses políticos, lo que, según él, atenta contra la independencia judicial y la seguridad jurídica nacional.

Como alternativa, propuso priorizar el ascenso de jueces de carrera con méritos comprobados y crear un Consejo Asesor y de Veeduría integrado por rectores universitarios y expresidentes de altas cortes para acompañar las evaluaciones y garantizar mayor transparencia.

Por su parte, la Fundación Primero Justicia, presidida por Miguel Surun Hernández, denunció que las renuncias responden a presiones para sustituir a los jueces por personas afines al gobierno actual, advirtiendo que esto podría configurar un "blindaje judicial" y representar un retroceso en la lucha contra la politización de la carrera judicial.

El CNM reiteró que el proceso de evaluación es constitucional y busca fortalecer la calidad y la independencia del poder judicial mediante mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana.