Cinco imputados en caso SeNaSa negocian acuerdo de penal abreviado

Cinco de los diez imputados en el caso de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado acercamientos con el Ministerio Público para acceder a un acuerdo de penal abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos investigados.

Según una fuente vinculada a la investigación, la solidez de las pruebas recopiladas ha incrementado la presión sobre los encartados, lo que ha motivado a algunos de ellos, incluso aquellos bajo prisión preventiva, a buscar una salida procesal mediante este mecanismo legal que implica el reconocimiento de culpabilidad a cambio de una pena reducida.

La misma fuente indicó que otros imputados estarían igualmente dispuestos a acogerse a una propuesta de acuerdo, mientras el órgano persecutor se prepara para iniciar una nueva fase de la investigación, denominada internamente como "Senasa 2.0".

Para el próximo 30 de julio, el juez de control de las investigaciones, Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene programado conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción de los imputados que cumplen prisión preventiva en el centro de corrección y rehabilitación Las Parras.

El grupo principal de imputados es liderado por el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, entre otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.

Además, figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios, lo que les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Los cargos que se les atribuyen incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Según el Ministerio Público, la estructura acusada habría operado entre 2020 y 2025, provocando un perjuicio económico al Estado dominicano inicialmente estimado en más de 15,000 millones de pesos, cifra que posteriormente fue elevada a más de 19,000 millones de pesos según investigaciones posteriores.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora Mirna Ortiz, ha señalado que las investigaciones continúan y no se limitan a hechos del pasado, sino que también alcanzan a otros actores vinculados al presente funcionamiento del organismo.