CIDH otorga medidas cautelares a dominicana detenida en Venezuela por presuntas irregularidades judiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Dayana Heredia, una ciudadana dominicana detenida en Venezuela desde julio de 2024, tras denunciar condiciones inhumanas de detención y presuntas irregularidades en su proceso judicial. La resolución, adoptada el 10 de agosto de 2026, responde a una solicitud presentada por su familia, quien alega violaciones a sus derechos fundamentales.

Según el relato familiar, Heredia trabajaba como estilista en Ciudad Juan Bosch, República Dominicana, antes de emprender un viaje irregular hacia España con el apoyo de un grupo vinculado a una red de tránsito de personas que también opera en Colombia. Durante su traslado, le fueron proporcionados documentos venezolanos falsos, lo que culminó en su detención el 13 de julio de 2024 en territorio venezolano.

Las autoridades venezolanas la acusaron de portar documentos falsos y de tener en su teléfono celular fotografías de sustancias ilícitas. Sin embargo, sus familiares sostienen que no se encontró ninguna sustancia ilícita en su persona ni pertenencias, y que las pruebas realizadas en sus manos dieron resultado negativo, tal como consta en el expediente acusatorio y la sentencia que le impuso 21 años de prisión.

La familia denuncia contradicciones en el proceso judicial, señalando que los agentes que la arrestaron declararon en juicio no haber encontrado sustancias ilícitas entre sus pertenencias. Además, afirman que el teléfono utilizado como evidencia fue manipulado por funcionarios para realizar llamadas, lo que comprometería la cadena de custodia de la prueba.

Trasladada inicialmente al estado Zulia, Heredia fue posteriormente movida al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra) en Mérida, sin notificación previa a su familia ni a su abogado. Sus allegados denuncian que el traslado se dio tras un supuesto motín en el centro de detención original y que actualmente se encuentra en condiciones de hacinamiento total.

Respecto a su estado de salud, la familia indica que Heredia padece problemas renales y no recibe suficiente agua, pese a las solicitudes de su abogado para que sea atendida en un hospital, las cuales habrían sido ignoradas por las autoridades penitenciarias.

Ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado dominicano, la familia acudió a la CIDH, la cual consideró que la detenida se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo irreparable a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. La Comisión destacó las limitaciones para mantener contacto con su familia, la falta de atención médica y la alegada situación de indefensión como factores que aumentan su vulnerabilidad.

La CIDH también señaló que no recibió información del Estado venezolano sobre las acciones adoptadas para mitigar la situación de riesgo. La familia ha expresado sentirse abandonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, alegando que, pese a sus gestiones, no se logró contacto directo con autoridades venezolanas para verificar las condiciones de detención ni el debido proceso en el caso.

Aunque un video en el que Heredia pide ayuda al presidente Luis Abinader generó reciente atención mediática y un acercamiento por parte del nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez, la familia insiste en que se requiere una investigación imparcial sobre el manejo de las pruebas y el respeto al debido proceso, más allá de pedidos de liberación inmediata.