Chile reafirma su pertenencia a la CPI pese a presiones de EE.UU.

Chile confirmó este viernes su continuidad como miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), pese a las presiones del gobierno de Donald Trump para que países de América Latina abandonen el organismo internacional. La declaración fue realizada por el canciller Francisco Pérez Mackenna desde el Palacio de La Moneda, en respuesta a una petición formulada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una reunión en Panamá.

"Somos miembros de la Corte Penal Internacional, y aunque todos los organismos pueden ser mejorados, seguimos formando parte de la CPI", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, al ser consultado sobre la iniciativa estadounidense. La postura chilena se produce en el marco de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), también conocida como Escudo de las Américas, lanzada por Trump en marzo pasado con el objetivo de coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI, tribunal con sede en La Haya creado en 2002 mediante el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales fallan. En su intervención en Panamá, Hegseth instó a los miembros de la A3C a abandonar la CPI y rechazar sus intentos de afectar la soberanía nacional de los gobiernos participantes.

La posición de Chile se dio a conocer tras una polémica declaración del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien participó en la reunión donde Hegseth realizó su petición. Barros declaró a la Televisión Nacional de Chile que "desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país", en referencia a la doctrina Monroe invocada por funcionarios estadounidenses. Ante consultas sobre estas declaraciones, Pérez Mackenna evitó entrar en polémicas y señaló que "estamos trabajando juntos" con el ministro de Defensa.

Además, cuatro organizaciones de derechos humanos estadounidenses presentaron el martes una demanda en una corte federal de Nueva York contra la Administración Trump por su campaña contra la CPI. La demanda fue impulsada por el American Friends Service Committee, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Instituto Open Society y Human Rights Watch, según informó esta última organización en un comunicado público.