Cerca de 100 organizaciones piden a Trump prorrogar el TPS para El Salvador

Cerca de 100 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, junto con más de 170 líderes religiosos, instaron este viernes al gobierno de Donald Trump a prorrogar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, cuyo vencimiento está programado para el próximo 9 de septiembre. La medida busca evitar que aproximadamente 170.000 beneficiarios salvadoreños pierdan su permiso de trabajo y queden expuestos a posibles procesos de deportación.

Alianza Américas encabezó el llamado, dirigiéndose específicamente al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, para que extienda el amparo concedido originalmente en 2001, tras los devastadores terremotos que afectaron al país centroamericano ese año. Según los solicitantes, la terminación del TPS tendría consecuencias inmediatas y graves para las familias beneficiarias.

"Prorrogar el TPS es un acto urgente de justicia y solidaridad que puede brindar un alivio inmediato", declaró Dulce Guzmán, directora de Alianza Américas, en un comunicado oficial.

Elnora Bassey, abogada de políticas de Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), advirtió que deportar a los beneficiarios del TPS a El Salvador podría generar "consecuencias perjudiciales" duraderas, especialmente considerando las condiciones de seguridad y económicas en el país de origen.

La petición se suma a los esfuerzos de la Alianza TPS, que ha promovido una campaña para otorgar residencia permanente a estos inmigrantes, quienes actualmente deben someterse a un chequeo del FBI cada 18 meses para mantener su estatus. Sin embargo, las perspectivas de éxito son limitadas debido a las políticas restrictivas implementadas durante ambas administraciones de Donald Trump.

En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, otorgando a los entonces aproximadamente 180.000 beneficiarios un plazo de 18 meses para ajustar su estatus migratorio o abandonar el país. La medida fue inicialmente detenida por una orden judicial tras una demanda presentada por beneficiarios y sus hijos ciudadanos estadounidenses, quienes alegaron que la decisión se basó en razones discriminatorias y racistas.

A pesar de esa derrota legal, la administración Trump persistió en su esfuerzo por terminar el programa. Al regresar a la Casa Blanca, intentó eliminar el TPS para varios países, incluyendo Venezuela y Haití, aunque esos casos también fueron judicialmente impugnados. En contraste, en el caso de El Salvador, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor del gobierno, determinando que el presidente posee la autoridad legal para revocar el TPS.