Centro de detención de Adelanto casi vacío pese a pagos garantizados por 1,455 camas diarias

El gobierno federal paga por al menos 1,455 camas diarias en el centro de detención de Adelanto, California, operado por la empresa privada The Geo Group, pero actualmente alberga solo un promedio de 49 detenidos al día durante el año fiscal en curso, según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta instalación, con capacidad para casi 2,000 personas, luce prácticamente vacía debido a una orden judicial federal de 2020 relacionada con la pandemia de COVID-19, que limita el número de personas que pueden ser detenidas allí para reducir el riesgo de contagio. Defensores de migrantes indican que actualmente hay apenas unas dos docenas de personas en el centro.

El ICE paga por camas garantizadas en decenas de instalaciones a nivel nacional para asegurar disponibilidad ante posibles aumentos en las detenciones fronterizas. A nivel nacional, el gobierno garantiza 30,000 camas en aproximadamente 48 centros, pero solo alrededor de la mitad están ocupadas en promedio durante este año fiscal.

Otros centros muestran patrones similares de subutilización: en Tacoma, Washington, el mínimo garantizado es de 1,181 camas con un promedio diario de 369 detenidos; en Jena, Luisiana, el mínimo es de 1,170 camas con 452 personas detenidas en promedio.

Según el ICE, actualmente hay 23,390 migrantes detenidos en todo el sistema. La agencia justifica los pagos mínimos garantizados como necesario para mantener flexibilidad operativa frente a aumentos repentinos en los cruces fronterizos o emergencias, y afirma que busca utilizar entre el 85% y 90% de su capacidad de detención en condiciones normales.

El costo promedio por cama de detención fue de 144 dólares diarios durante el último año fiscal. Un informe previo de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) señaló que el número mínimo de camas garantizadas por las que el gobierno pagó aumentó un 45% entre el año fiscal 2017 y mayo de 2020.

Defensores de los derechos de los migrantes, como Lizbeth Abeln de la Coalición Justicia Para Inmigrantes y Michael Kaufman de la ACLU del Sur de California, critican que el gobierno continúe pagando por capacidad no utilizada y señalan que la pandemia ha demostrado que se pueden usar alternativas al encarcelamiento, como el monitoreo electrónico mediante aplicaciones como SmartLink, que en junio rastreaba a más de 200,000 personas en lugar de detenerlas.

Cuando se solicitó comentarios, un portavoz del ICE indicó que la agencia no comenta sobre litigios pendientes y que está acatando la orden judicial correspondiente al centro de Adelanto.