CE-MUJER advierte que República Dominicana llega tarde en prevención de feminicidios

Marianela Pinales, presidenta del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), advirtió que la República Dominicana continúa actuando tarde en la prevención de los feminicidios, interviniendo solo cuando el daño ya está hecho y no antes de que ocurran las agresiones.

Durante sus declaraciones, Pinales enfatizó que el debate sobre la violencia de género no debe limitarse a las estadísticas, sino reconocer el valor intrínseco de la vida de cada mujer. "¿Cuánto vale la vida de una mujer? Los periodistas me preguntan las cifras, pero no me respondan con discursos, respondan la pregunta pensando en una hija, una amiga o una compañera de trabajo", expresó.

CE-MUJER señaló que mientras una niña crezca con miedo, el país evidencia un fracaso colectivo en la protección de los derechos de las mujeres. "Cuando una niña crece con miedo estamos ante el fracaso de un país que todavía no ha aprendido a cuidar la vida de la mujer. La violencia no es una fatalidad ni un problema privado; es una violación sistemática de los derechos humanos y una amenaza para la democracia", manifestó.

La activista denunció que la indiferencia y la impunidad siguen alimentando la violencia machista, afirmando que "la indiferencia mata y la impunidad mata". Aseguró que las estadísticas duelen porque representan mujeres que fueron víctimas de violencia y muchas acudieron a la justicia a presentar denuncias.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 República Dominicana ocupó el segundo lugar en la región en tasa de feminicidios, con 2.4 casos por cada 100,000 mujeres, y el sexto lugar en cantidad de víctimas, solo detrás de Brasil (1,437 casos), México (976), Honduras (309), Argentina (232) y Colombia (215).

Pinales advirtió que estas cifras no reflejan toda la dimensión del problema, ya que muchas víctimas nunca denuncian por dependencia económica, miedo o revictimización. "Llegamos cuando ya hubo golpes, cuando los hijos presenciaron la violencia, cuando desapareció la autonomía económica, cuando la violencia digital destruyó reputaciones y, en muchas ocasiones, llegamos cuando ya no hay vida que proteger", lamentó.

El organismo también destacó que más del 60 % de los feminicidios en América Latina son cometidos por la pareja o expareja de la víctima, por lo que considera urgente fortalecer las políticas públicas de prevención y eliminar las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la protección del Estado.

Asimismo, estimó que entre el 63 % y el 76 % de las mujeres en la región experimentan algún episodio de violencia basada en género a lo largo de sus vidas, sin distinción de edad, condición económica, nivel educativo o religión.

Pinales cuestionó que el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el 13 de agosto, no incorpore propuestas planteadas por las organizaciones de mujeres. Según ella, el texto desconoce iniciativas que buscaban fortalecer la autonomía de las mujeres en situaciones extremas, como las relacionadas con las tres causales para la interrupción del embarazo.

"Definitivamente no. Como está aprobado, ese Código Penal no va a generar los cambios que necesitamos, porque desconoce propuestas que permitirían a las mujeres tener mayor autonomía sobre su cuerpo en casos extremos", afirmó.

A pesar de reconocer que el país cuenta con un marco jurídico importante y compromisos internacionales, Pinales consideró que las normas existentes no se están aplicando plenamente. "Hemos logrado un marco legal importante y también existen compromisos internacionales. Sin embargo, ese marco normativo no se está aplicando en su justa dimensión", expresó.

En ese contexto, en octubre de 2025 varias legisladoras depositaron en la Cámara de Diputados el proyecto "Déjala Ir", una iniciativa orientada a erradicar los feminicidios en un período de diez años mediante políticas públicas de prevención, protección y atención integral a las víctimas.