CBP de EE.UU. bajo escrutinio por levantamiento de veto a azúcar dominicana vinculada a trabajo forzoso

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) enfrenta crecientes cuestionamientos tras la publicación de un informe que denuncia la persistencia de trabajo forzoso en los campos de caña de azúcar de la República Dominicana, país que exporta grandes volúmenes de este producto a EE.UU.

El martes, la organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab publicó un informe tras más de tres años de investigación, en el que afirma que las condiciones abusivas denunciadas en 2022 continúan en las plantillas vinculadas a Central Romana Corporation, Ltd., una de las principales productoras de azúcar en la región.

En 2022, la CBP había impuesto una prohibición a las importaciones de azúcar y otros productos de Central Romana tras acusar a la empresa de aislar a trabajadores, retener salarios y mantener condiciones de trabajo y vida abusivas. Sin embargo, dicha medida fue levantada el año pasado durante la administración del expresidente Donald Trump, lo que generó inmediata preocupación entre defensores de derechos laborales y legisladores.

El senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, envió una carta formal el jueves a la CBP solicitando explicaciones detalladas sobre los motivos detrás de la revocación de la prohibición. En su misiva, Wyden acusó a la agencia de haber abandonado abruptamente sus propios procedimientos administrativos establecidos y solicitó acceso a expedientes internos, recomendaciones finales y documentos relacionados con el caso.

En su carta, el senador enfatizó que eludir los procesos estándar de aplicación de las normas comerciales para corporaciones con conexiones políticas y propiedad de multimillonarios socava la integridad de la política comercial de EE.UU., y advirtió que garantizar la independencia de estos mecanismos frente a influencias políticas es esencial para impedir que bienes producidos con trabajo forzoso ingresen ilegalmente a las cadenas de suministro de consumidores y empresas estadounidenses.

La CBP confirmó haber recibido la solicitud de Wyden por correo electrónico, pero hasta la fecha no ha emitido declaraciones públicas sobre el asunto. El caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre política comercial, derechos humanos y transparencia en la aplicación de las leyes aduaneras en Estados Unidos.