Caso Senasa: Imputados apelan prisión preventiva por presunto desfalco millonario

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce ahora los recursos de apelación interpuestos por siete imputados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), quienes buscan revocar la medida de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra. El proceso judicial avanza mientras el Ministerio Público sostiene que la red operó entre 2020 y 2025, causando un presunto perjuicio al Estado de más de 15,000 millones de pesos.

Recursos ante la Corte de Apelación

Los abogados defensores presentaron recursos por separado ante la Corte de Apelación, argumentando su desacuerdo con la decisión del juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Este magistrado no solo decretó la prisión preventiva, sino que también declaró el caso como complejo. La Corte deberá decidir primero sobre la admisibilidad de estas apelaciones y, de declararlas admisibles, fijará una fecha para su conocimiento sustancial.

Entre los letrados que interpusieron los recursos figuran Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero. Su principal objeción es el envío de sus clientes a los centros penitenciarios Las Parras y Najayo Mujeres. Paralelamente, se presentó otro recurso de apelación contra las medidas sustitutivas (arresto domiciliario, impedimento de salida y fianza económica) impuestas a otros tres imputados.

Imputados y Alcance de la Investigación

El grupo de detenidos incluye a figuras clave de la anterior administración del Senasa. Entre ellos se encuentran Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, su hermano Rafael Luis Martínez Hazim, el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina Cruz, el exconsultor jurídico Germán Rafael Robles Quiñones, y otros gerentes y colaboradores. La investigación también mantiene bajo arresto domiciliario a Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read.

El Ministerio Público ha presentado una serie de cargos graves contra los investigados, que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos. Las autoridades han sido enfáticas en señalar que la investigación no está cerrada y que tanto personas físicas como jurídicas continúan bajo escrutinio.

"El caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación", sostuvo el Ministerio Público.

La fiscalía anticipa que, a medida que avancen las indagatorias, podrían producirse nuevos sometimientos judiciales relacionados con este millonario caso. La expectativa ahora se centra en la decisión de la Corte de Apelación sobre el futuro procesal inmediato de los principales imputados, mientras la investigación por el presunto desfalco a la seguridad social dominicana continúa su curso.