Caso Emely Peguero: doble feminicidio que marcó la justicia dominicana

Emely Peguero, una adolescente de 16 años y cinco meses de embarazo, fue víctima de un doble feminicidio en agosto de 2017 que conmocionó a la República Dominicana y generó un profundo debate sobre la violencia de género y los derechos reproductivos en el país. Su caso se convirtió en un referente nacional por la extrema violencia con la que fue atacada y por la implicación de figuras con vínculos políticos en el encubrimiento del crimen.

Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el examen del cadáver reveló que Emely fue sometida a un aborto clandestino violento que provocó la perforación del útero, contusión del cuello uterino y canal vaginal, además de la presencia de restos fetales en su vientre. Estos hallazgos indicaron el uso de fuerza extrema para interrumpir el embarazo contra su voluntad.

La autopsia también confirmó un golpe contundente en la cabeza que causó fractura craneal y hemorragia cerebral, producido mientras estaba viva por un objeto de superficie dura. Esta lesión fue determinante en su muerte, sumándose al trauma obstétrico ya sufrido.

Marlon Martínez, de 19 años y pareja de Emely desde que ella tenía 12 años, fue identificado como el autor material del asesinato. Él era el padre del bebé que ella esperaba, al que había puesto el nombre de Jacob Moisés. Según su confesión, el crimen ocurrió el 23 de agosto de 2017, tras salir juntos de su hogar en San Francisco de Macorís bajo el pretexto de obtener resultados médicos.

No actuó solo. Su madre, Marlin Martínez, funcionaria pública con influencia política, participó activamente en el encubrimiento. Tras el asesinato, ayudó a trasladar el cuerpo en múltiples ocasiones: primero a un vertedero en Cenoví, luego a una finca en Moca y finalmente a un terreno en la provincia Espaillat, donde fue hallado el 31 de agosto dentro de una maleta abandonada entre matorrales.

La investigación inicial del Ministerio Público señaló posibles complicidades adicionales, incluyendo a Simón Bolívar Ureña Almanzar (‘El Boli’), quien confesó haber recibido entre 600 mil y un millón de pesos por ayudar en el traslado del cadáver. Otras personas vinculadas al entorno de los Martínez — empleadas domésticas, capataces de finca, personal de seguridad e incluso la ginecóloga que atendió a Emely — fueron interrogadas, aunque posteriormente quedaron libres tras acuerdos con las autoridades y pasaron a declarar como testigos.

El caso generó una fuerte reacción social. Entre las pistas que despertaron sospechas estuvo una entrevista televisiva en la que Marlin Martínez se refirió a Emely en tiempo pasado, días antes del hallazgo del cuerpo, lo que fue interpretado como una confesión implícita. Este hecho, junto a contradicciones en sus versiones, orientó la investigación hacia la pareja madre-hijo.

En noviembre de 2018, el Tribunal de Justicia de Santiago condenó a Marlon Martínez a 30 años de prisión por asesinato y aborto, mientras que Marlin Martínez recibió una pena de 5 años por complicidad en el ocultamiento del cadáver. Ambas sentencias fueron confirmadas en instancia de apelación.

Nueve años después del hecho, el caso Emely Peguero sigue siendo recordado como un símbolo de la lucha contra la feminización de la violencia y la impunidad en casos de violencia de género. Su historia impulsó reformas legales y sociales en torno a la protección de adolescentes embarazadas y el acceso a justicia en casos de femicidio en la República Dominicana.