Carlos Pimentel explica su ausencia como testigo en juicio por caso Intrant

Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), aclaró este martes las razones de su ausencia como testigo en la apertura del juicio de fondo contra Hugo Beras, Jochy Gómez y otros implicados en el caso Intrant, señalando que su inasistencia se debió a una misión institucional oficial previamente programada y autorizada en el extranjero.

Mediante su cuenta en la red social X, Pimentel explicó que la fecha de la audiencia coincidió con su participación en la 20.ª Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), donde representó a la República Dominicana y a la DGCP, además de intervenir como panelista. Indicó que se trató de un compromiso oficial asumido con anterioridad, cuya agenda coincidió con la fecha y horario de la audiencia judicial.

"Por esa razón, comuniqué oportunamente esta circunstancia al Tribunal", expresó Pimentel.

Agregó que el pasado 7 de agosto depositó formalmente una comunicación ante el tribunal correspondiente, adjuntando la invitación oficial y la agenda de la conferencia para documentar debidamente las razones y el carácter institucional de su compromiso. Subrayó que su actuación ante la justicia ha sido siempre de plena colaboración, responsabilidad y transparencia en casos vinculados a investigaciones de corrupción, y que mantendrá ese mismo criterio en este proceso.

"Estaremos presentes en todas las instancias en las que se requiera nuestra participación, aportando la información y testimonios que correspondan y contribuyendo al pleno esclarecimiento de los hechos", aseguró.

Finalmente, reafirmó que la función pública exige seriedad y coherencia: "Hoy cumplo una misión oficial fuera del país; cuando corresponda atender los requerimientos de la justicia, estaremos allí, con la misma responsabilidad, transparencia y compromiso de siempre".

Desarrollo del juicio y medidas judiciales

Las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez aplazaron la audiencia del proceso contra Hugo Beras, Jochy Gómez y otros implicados para el próximo 3 de septiembre de 2026, debido a que dos acusados no tenían representación legal o habían cambiado su defensa técnica. El tribunal además dictó orden de conducencia contra aquellos testigos que fueron notificados y no se presentaron en audiencia.

El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar aclaró que las órdenes de conducencia dictadas contra algunos testigos corresponden únicamente a los de las defensas, y que al Ministerio Público no se le impuso dicha medida, ya que se hizo cargo de los testigos que no asistieron por tener excusas válidas, mientras que los que sí estuvieron presentes quedaron convocados para futuras comparecencias.

Adelantó que en la próxima audiencia presentarán sus alegatos de apertura y sus testigos para demostrar la culpabilidad de cada uno de los imputados en este caso de corrupción administrativa.

Detalles del caso Intrant y acusados

Los procesados por corrupción administrativa en este caso, enviados a juicio en junio pasado por decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se exponen a penas de hasta 20 años de prisión. Entre ellos figuran:

• Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)
• Jochy Gómez, empresario propietario de Aurix S.A.S.
• Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico
• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant
• Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras
• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant
• Carlos José Peguero Vargas
• Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso

Asimismo, fueron enviados a juicio las personas jurídicas: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Según la acusación, esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de participación en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública. Su actuación se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al esquema.