Cámara de Diputados aprueba ley para pagar deudas de obras sin contrato desde 1996

La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este lunes, en un trámite de urgencia y sin los votos de la oposición, una ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal a pequeños contratistas desde el año 1996. La iniciativa, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, busca saldar compromisos estatales cuyo monto total asciende a aproximadamente 2,000 millones de pesos.

Un trámite acelerado y polémico

El proyecto, propuesto originalmente por el senador Franklin Martín Romero Morillo, fue aprobado en primera y segunda discusión en una misma jornada, tras una sesión extraordinaria. Aunque no figuraba en la agenda inicial, fue agregado para su conocimiento y votación. Este procedimiento acelerado generó críticas de los legisladores opositores, quienes solicitaron que la pieza fuera enviada a comisión para un estudio más detallado.

El diputado Danilo Díaz (PLD) pidió que el proyecto se estudiara en la próxima legislatura. En la misma línea, Carlos de Pérez, de Fuerza del Pueblo, expresó que no se oponía al pago, pero cuestionó la premura. "Se trata de compromisos de hace 32 años que, a su juicio, podían esperar", señaló. Además, advirtió sobre riesgos para los fondos públicos, ya que el proyecto no especifica el monto total detallado ni los beneficiarios finales, mencionando que entre los acreedores hay personas fallecidas.

"No nos oponemos al pago, pero cuestionamos la prisa. Son compromisos de hace 32 años y el proyecto carece de especificidades sobre el monto y los pagos, lo que representa un riesgo", afirmó el diputado Carlos de Pérez.

Defensa y justificación de la ley

Desde el oficialismo, los legisladores defendieron la urgencia del proyecto. El diputado Willy Sánchez (PRM) sostuvo que se trata de una medida urgente para personas que confiaron en el Estado, con alrededor de 565 proyectos pendientes de pago. Su colega de bancada, Amado Díaz, calificó la aprobación como "un acto de justicia" para ingenieros y pequeños suplidores que no pudieron honrar sus compromisos debido a la mora estatal.

En la sesión estuvo presente una delegación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), encabezada por su presidente, Enrique Rosario. Tras la votación, Rosario respaldó la decisión, explicando que el anteproyecto fue preparado por el Codia en noviembre y que existe un listado de obras auditables, aunque no todas cuenten con contratos formales.

"Es un acto de justicia. Son obras realizadas por empresas que prácticamente le construyeron fiado al Gobierno", declaró Enrique Rosario, presidente del Codia.

El proceso de votación fue claro en mostrar la división partidista. Una moción para enviar el proyecto a la Comisión de Obras Públicas fue rechazada con 93 votos en contra y 20 a favor. Posteriormente, la aprobación final del tratamiento de urgencia y de la ley en sus dos lecturas se logró únicamente con los votos de los legisladores oficialistas, con la abstención de las bancadas de oposición.

Con esta aprobación, el proyecto se convierte en ley y queda en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación, cerrando un capítulo de reclamos históricos por parte del sector de la construcción en pequeña escala.