Cámara de Diputados aprueba nuevas tipificaciones y sanciones para violencia intrafamiliar

La Cámara de Diputados de la República Dominicana continúa el análisis del proyecto de reforma al Código Penal, enfocándose este sábado en la tipificación y sanciones correspondientes a la violencia intrafamiliar, un tema de creciente relevancia en la agenda nacional de derechos humanos y seguridad.

La propuesta legislativa establece una definición integral de la violencia intrafamiliar, identificando cinco modalidades distintas: violencia física, violencia económica (entendida como el control o restricción de los recursos económicos de la víctima), violencia patrimonial (daño o destrucción de bienes), violencia verbal o psicológica (actos reiterados de manipulación, humillación o intimidación) y violencia por intimidación o persecución (conductas repetidas que generan miedo, angustia o ansiedad mediante amenazas, acoso o difusión de información privada).

En cuanto a las sanciones, el proyecto distingue según la modalidad del delito. Para los casos de violencia psicológica, económica, patrimonial o por intimidación y persecución, se establecen penas de dos a cinco años de prisión menor y multas equivalentes a nueve a quince salarios mínimos del sector público. Cuando la violencia se manifiesta mediante el uso de fuerza física, la pena aumenta a cinco a diez años de prisión mayor, con multas de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

Además, el texto incluye una aclaración importante para evitar interpretaciones equivocadas: la educación y disciplina ejercida por padres o tutores, siempre que respete el interés superior del hijo, no constituye violencia intrafamiliar para los efectos de este artículo, lo que busca equilibrar la protección de los menores con el reconocimiento de las responsabilidades parentales legítimas.

La discusión en la Cámara de Diputados forma parte del proceso continuo de modernización del marco penal dominicano, orientado a fortalecer la protección de las víctimas de violencia doméstica y garantizar respuestas judiciales proporcionales y efectivas. Se espera que el proyecto continúe su trámite en las próximas sesiones legislativas.