Cámara de Cuentas revela que reforma policial no fue auditada tras seis años

Seis años después del anuncio de la reforma policial, el Gobierno dominicano sigue sin responder una pregunta fundamental: ¿cuánto dinero ha invertido el Estado y qué resultados ha obtenido la sociedad? Esta omisión persiste pese a que la Cámara de Cuentas presentó recientemente una auditoría sobre la Policía Nacional correspondiente al período 2020-2022.

La auditoría identificó importantes irregularidades administrativas y financieras, pero dejó sin examinar el aspecto central: la reforma policial nunca fue sometida a una evaluación integral de su costo y eficacia. Tampoco fue auditado el Ministerio de Interior y Policía, la entidad responsable de dirigir y supervisar gran parte del proceso de transformación.

El país continúa sin conocer el costo real de una iniciativa que ha movilizado miles de millones de pesos provenientes del erario público, cooperación internacional, fideicomisos, consultorías, asesorías, modificaciones legales y una compleja estructura administrativa. La transparencia, advierten expertos, no se limita a publicar informes contables o difundir estadísticas de criminalidad; implica demostrar si los recursos invertidos generaron instituciones más eficientes y mayor seguridad ciudadana.

Hasta la fecha, esa demostración no existe. La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones nacionales, evidenciada por los hechos de violencia, las denuncias por actuaciones policiales y el creciente descontento ciudadano. Estos factores sugieren que la reforma no ha logrado el impacto prometido, pese a los discursos oficiales sobre transformación institucional.

El Gobierno insiste en promover una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional como solución definitiva, pero la ciudadanía evalúa la reforma por lo que experimenta en las calles, no por los anuncios gubernamentales. Esto plantea una pregunta crítica: ¿por qué modificar la Ley núm. 590-16 si esa norma estableció una Policía Nacional basada en la carrera policial, la jerarquía institucional, una cadena de mando clara y una administración ejercida por órganos creados por la propia ley?

El nuevo proyecto incorpora a un civil para asumir funciones financieras, rompiendo el orden jerárquico establecido. Durante la reforma, funcionarios extranjeros —en algunos casos naturalizados dominicanos— han adquirido influencia determinante en áreas estratégicas de la administración policial. Si este modelo sustituyó competencias asignadas por ley a los órganos internos de la Policía Nacional, el Estado tiene el deber de explicar su fundamento jurídico y los mecanismos de control que garantizan transparencia y rendición de cuentas.

Además, debe aclarar si la reforma legal busca respaldar prácticas no contempladas en la legislación vigente. Aunque la cooperación internacional es reconocida como valiosa para fortalecer capacidades, resulta inaceptable que se utilice para justificar una dependencia permanente de estructuras externas mientras se debilita el liderazgo institucional de la Policía Nacional.

Resulta particularmente preocupante que, sin una evaluación integral de la reforma iniciada en 2021, el Gobierno impulse una nueva ley bajo la promesa de que cambiar el marco legal resolverá los problemas de seguridad. Modificar la legislación sin evaluar los resultados de la estrategia anterior equivale a reconocer, implícitamente, que los objetivos originales no fueron alcanzados.

Las instituciones policiales no fracasan por falta de leyes, sino por la ausencia de dirección estratégica, evaluación permanente, responsabilidad administrativa, respeto por la institucionalidad y transparencia en el manejo de recursos públicos. El país no necesita otra reforma escrita en papel; necesita saber cuánto costó la anterior, quién administró esos recursos, qué metas se cumplieron, cuáles fracasaron y quién asumirá la responsabilidad política por los resultados.

El Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas. La sociedad dominicana tiene el derecho de exigirlas.