El calor extremo exige adaptación urgente para proteger salud y economía
El calor extremo, impulsado por el cambio climático, amenaza salud, economía y seguridad alimentaria, exigiendo adaptación urgente en ciudades, salud y recursos hídricos.
Ana María Guzmán
Editora de Salud

Las olas de calor extremo se están volviendo más intensas, prolongadas y recurrentes debido al cambio climático, según la Organización Meteorológica Mundial, lo que representa una amenaza creciente para la salud humana, la productividad económica y la estabilidad de los ecosistemas.
En 2024, la República Dominicana registró 113 días adicionales de calor peligroso atribuibles al cambio climático, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que coloca al país entre los más vulnerables a estos fenómenos. La pregunta ya no es si enfrentaremos olas más severas, sino cuándo y con qué nivel de preparación.
El calor mata silenciosamente a las economías: reduce la productividad laboral, disminuye los rendimientos agrícolas, incrementa el consumo eléctrico y deteriora las infraestructuras. En el Caribe, el PNUD estima una pérdida de productividad del 4.2 % para 2030 debido al aumento de temperatura.
Impacto en la salud y los sistemas de protección
El calor extremo es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal causa de muerte asociada a fenómenos meteorológicos. Un estudio de The Lancet reveló que la mortalidad vinculada al calor se duplicó entre 2010 y 2022 respecto al período 2000-2009. Además, las altas temperaturas favorecen la propagación de vectores de enfermedades, aceleran la degradación de alimentos y agravan condiciones crónicas, afectando especialmente a adultos mayores, niños y trabajadores expuestos al sol.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la República Dominicana adoptó, mediante resolución, el Plan Nacional de Adaptación en Salud y Cambio Climático (PNASCC-RD 2025-2030), con el objetivo de fortalecer el sistema de salud frente a los desafíos climáticos.
Adaptación urbana, hídrica y social como prioridad estatal
Es necesario repensar las ciudades: evitar la sustitución de árboles por cemento, ampliar áreas verdes y adaptar viviendas en zonas de alto hacinamiento para proteger a las poblaciones más vulnerables. El transporte público debe evolucionar hacia sistemas más eficientes, resilientes y adecuadamente climatizados.
En materia de seguridad alimentaria, se requieren inversiones en nuevos embalses, modernización de riego, cultivo de variedades resistentes al estrés hídrico y expansión de microseguros agropecuarios. El agua será el recurso estratégico más importante del siglo, por lo que se debe reducir las pérdidas en acueductos, aumentar el almacenamiento, promover el reúso de agua tratada y fomentar una cultura nacional de ahorro.
Los bosques también requieren mayor protección ante el aumento de incendios forestales, lo que exige fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias. Asimismo, la protección social debe evolucionar hacia sistemas preventivos, predictivos y basados en información oportuna para anticipar crisis antes de que se conviertan en emergencias humanitarias.
La adaptación climática debe convertirse en una política de Estado, involucrando a todos los sectores de la sociedad. Solo quienes comiencen ahora a adaptar sus territorios, instituciones e inversiones estarán mejor preparados para enfrentar las próximas décadas.
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Ana María Guzmán
Editora de Salud
Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.
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