Bloqueo de celulares robados: una medida existente presentada como novedad

El Ministerio de Interior y Policía anunció el bloqueo de 7.752 teléfonos celulares reportados como robados o extraviados, junto con la validación en curso de otros 15.200 equipos, presentando la acción como un avance en seguridad ciudadana. Según datos oficiales, la comisión especial recibió 23.082 denuncias remitidas por la Policía Nacional.

Sin embargo, desde una perspectiva técnica e institucional, el bloqueo de equipos mediante IMEI no constituye una nueva política, sino la aplicación tardía de un mecanismo ya existente. El país ingresó a la lista negra global de la GSMA en 2015, y la Resolución núm. 041-2020 del INDOTEL obligó a las prestadoras de servicios telefónicos a bloquear los celulares reportados como robados o extraviados, disposición que entró en ejecución en marzo de 2022.

Desde entonces, más de 96.000 equipos han sido bloqueados en el país, lo que indica que el anuncio reciente no representa una innovación, sino la puesta en marcha —con rezago— de una obligación que el Estado dominicano debía cumplir de manera continua, coordinada y verificable.

La verdadera interrogante no es cuántos teléfonos fueron bloqueados, sino por qué 23.082 denuncias se acumularon hasta que la comisión especial comenzó a operar en abril. Si el sistema existía, la normativa estaba vigente y las empresas tenían una obligación clara, el retraso no puede atribuirse a la ausencia de una ley, sino a debilidades en la gestión, coordinación y supervisión institucional.

Además, persiste la falta de información pública suficiente para conocer cuántos reportes quedaron fuera del proceso, cuánto tiempo permanece activo un celular robado tras la denuncia y cuándo se resolverán los casos pendientes. Este vacío dificulta evaluar la efectividad real del sistema.

El problema de fondo no es solo el bloqueo tardío de dispositivos, sino la persistencia de robos y mercados ilícitos que se benefician de la lentitud estatal. El robo de celulares alimenta una economía ilegal que continúa operando porque el Estado actúa después del delito, no antes. Un bloqueo que tarda semanas, meses o años pierde gran parte de su efecto disuasorio.

Para fortalecer la seguridad ciudadana, INDOTEL debe publicar indicadores claros y periódicos: denuncias recibidas, equipos bloqueados, tiempo promedio entre denuncia y bloqueo efectivo, casos pendientes y razones de rechazo o demora. Solo con datos verificables será posible determinar si el sistema protege a la ciudadanía o si simplemente administra un atraso acumulado.