Autopista del Ámbar: ¿Desarrollo sostenible o riesgo ambiental y económico?

La República Dominicana enfrenta una decisión estratégica con la construcción de la Autopista del Ámbar, una vía de aproximadamente 35 kilómetros que busca conectar Santiago y Puerto Plata en menos de treinta minutos mediante una inversión estimada en RD$28,800 millones.

El gobierno presenta el proyecto como clave para el turismo, la logística y el desarrollo regional, argumentando que mejorará la integración entre el Cibao y la costa norte. Sin embargo, expertos y sectores ambientales advierten que su trazado atraviesa la Cordillera Septentrional, un ecosistema de alta importancia ambiental.

La Cordillera Septentrional no es una zona cualquiera: es una formación natural de millones de años que alberga cuencas hidrográficas vitales para el abastecimiento de agua, sistemas de riego y acueductos del norte del país. Además, posee bosques húmedos, ecosistemas nublados y numerosas especies endémicas de flora y fauna, lo que la convierte en un área crítica para la conservación de la biodiversidad y la producción de agua.

Los impactos ambientales de una autopista de alta velocidad en este territorio van más allá de la ocupación física del pavimento. La apertura de corredores puede provocar fragmentación del bosque, alterar la dinámica de escorrentías, aumentar la erosión, facilitar el acceso a zonas previamente conservadas y acelerar procesos de ocupación del territorio, efectos ampliamente documentados en estudios internacionales sobre infraestructura vial en zonas montañosas.

A la fecha, no se ha hecho público un Estudio de Impacto Ambiental integral que permita a la sociedad evaluar con transparencia la magnitud de los riesgos ni las medidas de mitigación previstas. Esta falta de información limita un debate informado sobre una obra de tal escala y potencial impacto.

Desde el punto de vista económico, el costo del proyecto también genera debate: con una inversión de RD$28,800 millones para 35 kilómetros, el costo por kilómetro supera los RD$823 millones, ubicándolo entre las carreteras más costosas de la historia reciente del país. Si bien el terreno montañoso justifica en parte este gasto mediante puentes, cortes profundos y obras de drenage, el país tiene derecho a exigir una justificación igualmente sólida en términos de retorno económico y social.

El gobierno sostiene que la vía fortalecerá el turismo, el comercio y la logística, y la DGAPP indica que forma parte de un esquema de alianza público-privada para mejorar la conectividad regional. Estas metas son legítimas, pero requieren respaldo mediante estudios de demanda, análisis costo-beneficio, proyecciones de tráfico y modelos financieros transparentes, que hasta ahora no se han hecho públicos de manera completa.

Además, se han señalado coincidencias territoriales preocupantes: el trazado de la autopista atraviesa áreas donde existen concesiones mineras activas y solicitudes de exploración, incluyendo proyectos de empresas como Vertrixi Holding y Unigold Inc., particularmente en zonas como Pedro García y Villa Montellano. Esto ha generado sospechas sobre si la infraestructura podría facilitar futuras actividades extractivas en lugar de servir únicamente al desarrollo turístico y logístico declarado.

La pregunta central permanece: ¿el ahorro de aproximadamente treinta minutos en el viaje entre Santiago y Puerto Plata justifica una inversión de esta magnitud durante la vida útil del proyecto? Sin estudios económicos y ambientales rigurosos y accesibles, la sociedad no puede evaluar con objetividad si la Autopista del Ámbar representa un verdadero impulso al desarrollo sostenible o una apuesta costosa con riesgos elevados para el ambiente y la equidad en la distribución de beneficios.