Aumentan agresiones sexuales a menores dentro del entorno familiar

Un reciente y trágico caso en Puerto Plata ha reavivado la alarma sobre la violencia sexual contra menores en la República Dominicana. Brianna Genao, una niña de tres años, fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre y posteriormente se confirmó que fue víctima de secuestro, violación y homicidio, presuntamente a manos de dos de sus tíos, hermanos de su abuela.

Estadísticas en aumento

Este caso no es aislado, sino que se enmarca en una tendencia preocupante evidenciada por datos oficiales. La "Encuesta nacional de agresiones sexuales contra la mujer" (CIPAF 2024) revela un incremento significativo en las agresiones sexuales contra niñas y adolescentes. La tasa de casos en el grupo de 10 a 19 años pasó de 13 en 2013/2019 a 20 en 2022, lo que representa un aumento del 53.8%. Asimismo, se registra un alza en la tasa de violencia sexual en niñas de 5 a 9 años en comparación con el quinquenio anterior.

El patrón más alarmante señala que los agresores frecuentemente pertenecen al círculo familiar o de confianza de la víctima. El caso de Puerto Plata y otros registrados a inicios de 2025, donde niñas menores de 10 años fueron agredidas por familiares, subrayan esta peligrosa realidad. Los perpetradores aprovechan las relaciones primarias y de confianza para cometer sus delitos, un factor que a menudo invisibiliza el riesgo.

Un enfoque social equivocado

La cobertura y reacción en redes sociales ante estos hechos suele desviar la responsabilidad principal. Es común observar una culpabilización de las mujeres cuidadoras, lo que minimiza e invisibiliza la responsabilidad absoluta de los agresores. Este enfoque, según analistas, reproduce la victimización secundaria y sostiene un imaginario social que normaliza la agresión.

Los mensajes de prevención dirigidos a menores también requieren una revisión crítica. Tradicionalmente, se ha centrado la alerta en "hombres extraños", dejando de lado la amenaza que puede representar el entorno familiar cercano. La existencia de múltiples casos desde estas relaciones exige actualizar estos protocolos educativos y sociales.

"El abuso sexual es invisible y legitimado. No se denuncia, no se registra por su normalización histórica y social. Solo aparece en escándalos públicos como el ocurrido recientemente", se advierte en el análisis original publicado por el periódico HOY.

Erradicar esta violencia es una tarea que compete a toda la sociedad y sus instituciones. Se requieren procesos dirigidos a generar cambios de comportamiento, particularmente en la población masculina, para desnaturalizar toda forma de acoso y agresión. Enseñar el respeto al cuerpo y la autonomía de niñas, adolescentes y mujeres debe ser una prioridad de Estado.

La protección efectiva de la niñez y adolescencia es una responsabilidad compartida que recae en las familias, el sistema educativo, las instituciones religiosas, las comunidades y, fundamentalmente, el Estado. Este último debe garantizar que el sistema de protección sea efectivo y romper con la impunidad histórica que rodea los crímenes contra menores y mujeres.