Auditoría revela contratos irregulares por RD$133.2 millones en Comisión para el Desarrollo Provincial

La Contraloría General de la República detectó adjudicaciones por RD$133.2 millones a proveedores vinculados con servidores públicos en una auditoría realizada a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) correspondiente al ejercicio 2024. El informe, fechado el 29 de julio de 2026, señala posibles incompatibilidades en tres contratos de obra pública que involucran a funcionarios con participación accionaria superior al 10 % en las empresas adjudicadas.

La primera adjudicación observada corresponde a Seven Caves Chain S.A., que recibió RD$68.7 millones para la reconstrucción del campo de béisbol de Villa Cerro, en Higüey. Según la auditoría, esta empresa está vinculada a Ivonne Nicole Jacobo Trigo, identificada como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores con un salario de RD$267.1 mil.

El segundo caso involucra a Neulin Antonio Reyes Villar, adjudicatario de RD$28.9 millones para la construcción de una funeraria en Canca la Reyna, abarcando los municipios de Moca y Monte Plata. El informe indica que Reyes Villar figuraba como ingeniero de obras en el Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand, con un salario de RD$32 mil.

El tercer contrato fue otorgado a Pedro Leandro Almonte Sandoval por RD$35.7 millones para la reparación del área exterior del parque arqueológico La Isabela Histórica, en Luperón, Puerto Plata. La Contraloría señala que Almonte Sandoval aparecía registrado como teniente de corbeta en la Marina de Guerra, con un salario de RD$35.9 mil.

Además de los contratos de obra, la auditoría examinó 43 procedimientos de compra de bienes y servicios por un total de RD$33.7 millones durante el mismo período. De estos, un proceso fue por comparación de precios (RD$5.1 millones, 15 %), 22 fueron clasificados como compras menores (RD$24.9 millones, 74 %) y 20 como compras por debajo del umbral (RD$3.7 millones, 11 %). Aunque esta distribución no constituye una irregularidad por sí misma, el informe señala que exige una revisión cuidadosa para descartar fragmentación o uso discrecional del gasto público.

La evaluación del Sistema de Control Interno de la CPADP obtuvo un puntaje de 68.32 %, considerado medio, pero el componente específico de actividades de control alcanzó apenas un 24 %, nivel descrito como incipiente. Este dato es central, ya que las actividades de control son las encargadas de validar requisitos, revisar expedientes, comprobar proveedores y detectar incompatibilidades antes de comprometer recursos estatales.

La auditoría también identificó RD$104 millones en partidas de gestiones anteriores pendientes de depuración debido a la falta de documentos de respaldo, lo que refleja deficiencias en el manejo de cuentas por pagar y activos fijos. Estas falencias debilitan la capacidad de la institución para explicar cómo se asumieron obligaciones y cómo se documentó la ejecución del gasto.

Los hallazgos se analizan bajo el marco de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, su modificación mediante la Ley 449-06 y el Reglamento de Aplicación aprobado por el Decreto 416-23. Estas normas establecen principios de transparencia, competencia, eficiencia, igualdad, responsabilidad y control previo, cuyo cumplimiento es esencial para validar la legalidad de las adjudicaciones realizadas con fondos públicos.

La Contraloría enfatiza que la gravedad administrativa no depende únicamente del monto involucrado, sino de la obligación de verificar previamente los vínculos de los proveedores con el sector público. Si las incompatibilidades señaladas podían comprobarse en registros oficiales, los mecanismos de control interno deberían haber actuado antes de la adjudicación.

El informe concluye que, más allá de los tres contratos específicos, la cuestión de fondo radica en determinar si la CPADP contó con controles suficientes para sustentar, con documentación verificable, la regularidad de sus operaciones durante el período auditado. Los hallazgos permanecen sujetos a las vías administrativas correspondientes para su eventual sanción o corrección.