Arroceros de Montecristi advierten riesgo de crisis por importaciones sin aranceles

Productores de arroz de Montecristi han expresado su preocupación ante la posible apertura del mercado dominicano al arroz estadounidense sin aranceles, advirtiendo que esta medida podría poner en riesgo cerca de 15,000 empleos directos e indirectos en la provincia y afectar una actividad económica que mueve más de RD$10,000 millones anuales.

Las asociaciones de productores, representantes de factorías, molineros y trabajadores agrícolas se reunieron en una concentración en Villa Copa, municipio de Villa Vásquez, para reclamar al Gobierno del presidente Luis Abinader medidas concretas que preserven la competitividad de la producción nacional frente a las importaciones. Según los presentes, una apertura sin condiciones podría reducir la rentabilidad de las cosechas y generar efectos negativos en toda la economía provincial.

Durante la manifestación, participaron productores de Castañuelas, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez y San Fernando de Montecristi, así como representantes nacionales de diversas asociaciones arroceras. El sector no se opone únicamente al ingreso de arroz importado, sino a las condiciones bajo las cuales deberá competir con la producción estadounidense, considerando diferencias en costos, estructuras productivas y capacidades operativas.

"Confiamos en la gestión que está realizando el presidente de la República, pero cada momento tendrá sus decisiones", expresó Rubén Sosa, productor arrocero de la zona, indicando que los agricultores esperan respuestas concretas de las autoridades.

Sosa también detalló que Montecristi cuenta con aproximadamente 311,000 tareas dedicadas al cultivo del arroz, en las que participan alrededor de 5,988 productores y se generan unos 15,000 empleos directos e indirectos. Según sus estimaciones, la provincia produce cerca de tres millones de fanegas anuales, lo que posiciona al arroz como uno de los principales pilares de la economía local.

El impacto de una posible contracción no se limitaría a las fincas. Las factorías, el transporte de carga, los proveedores de insumos, los comerciantes y los pequeños negocios también dependen, en distintas proporciones, de los ingresos generados por cada ciclo de producción. Los productores recordaron que una sequía entre 2015 y 2016 provocó, según sus estimaciones, el colapso de más del 60% de los comercios de la provincia, lo que evidencia la vulnerabilidad de una economía altamente dependiente de un solo cultivo.

Además, advirtieron que Montecristi dispone de pocas alternativas industriales para absorber la mano de obra que podría quedar desplazada si disminuye la rentabilidad del arroz. Una crisis prolongada podría afectar los ingresos familiares, el crédito agrícola y la capacidad de los negocios rurales para mantenerse operativos.

Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, reclamó una solución que permita al sector enfrentar la apertura del mercado contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). Recordó que el presidente Abinader había asumido personalmente el compromiso de dar seguimiento a las negociaciones comerciales.

"El presidente está claro de lo que significa el sector arrocero en República Dominicana, lo que somos los productores, lo que es la industria, lo que es la economía", manifestó Rodríguez, añadiendo que el arroz constituye una de las actividades de mayor peso dentro del aparato agropecuario nacional y pidió que las decisiones comerciales consideren sus repercusiones sobre el empleo, la industria y las comunidades agrícolas.

La controversia también está relacionada con el futuro de las disposiciones que regulaban las importaciones, tras la derogación del Decreto 693-24. Los productores reclaman claridad sobre el mecanismo que sustituirá el esquema anterior y las condiciones bajo las cuales podrá ingresar arroz de otros mercados, ya que el alcance de esas medidas será determinante para establecer cómo se aplicarán los compromisos comerciales y qué margen de adaptación tendrán los productores locales.