Arquitecto urbano insta a ciudadanía a defender áreas verdes como bien público

El arquitecto urbanista Marcos Barinas hizo un llamado a la ciudadanía para que se empodere en la defensa de las áreas verdes, resaltando su importancia como bien de dominio público y su rol clave en la mitigación del cambio climático en Santo Domingo.

Según el experto, los Artículos 179 y 181 de la Ley No. 176-07 establecen que las áreas verdes son inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo que significa que su estatus como bien público es irreversible una vez designado. Esto las protege de ser vendidas, embargadas o adquiridas por usucapión.

Barinas advirtió que, aunque la ley protege estas zonas del sector privado, el Estado mismo, en ocasiones, las interviene o mutila bajo el pretexto de mejoras temporales, como obras viales, lo que pone en riesgo su función ambiental.

Proyecciones alarmantes de aumento de temperatura

El arquitecto hizo referencia a un estudio reciente de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), que proyecta que el índice de calor o sensación térmica promedio en Santo Domingo podría alcanzar los 46.9 grados Celsius en 2035, si la tendencia de aumento de 1.4 grados Celsius por cada tres décadas continúa.

Ante este escenario, Barinas destacó los avances logrados en materia de ordenamiento territorial, como la obligatoriedad de incluir áreas verdes en suelos urbanizados según la densidad poblacional y la prohibición de sustituir ecosistemas por edificaciones.

Además, mencionó que el presidente Luis Abinader emitió un decreto que define el reglamento para desarrollar el marco normativo de la Ley de Ordenamiento Territorial, con el objetivo de aplicar los principios, instrumentos y criterios de ordenamiento del territorio en todo el país.

Requisitos mínimos de áreas verdes por habitante

Según la Ley de Ordenamiento Territorial, los ayuntamientos deben garantizar un mínimo de 9 metros cuadrados de área verde por habitante, tanto en zonas ya urbanizadas como en aquellas declaradas urbanizables. Esta disposición, junto con los criterios de densidad que van más allá de la explotación económica del suelo, representa un cambio radical en el modelo de construcción urbana.

Mecanismos de defensa ciudadana y vías legales

Barinas enfatizó que la defensa de las áreas verdes no es exclusiva de profesionales o activistas, sino un derecho de todos los ciudadanos. Destacó los siguientes mecanismos disponibles:

• Derecho a participar en consultas públicas obligatorias, como las vistas públicas en los Estudios de Impacto Ambiental.
• Presentar objeciones y pruebas formales en estas instancias.
• Interponer recursos de reconsideración ante el MARENA o el Ayuntamiento.
• Recurrir vía jerárquica ante la autoridad superior para impugnar decisiones administrativas.
• Utilizar la acción de amparo preventivo para detener proyectos que puedan causar daño ambiental inminente e irreversible.
• Recurrir al recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para impugnar la legalidad de permisos ambientales o decisiones municipales.
• Presentar denuncias penales por delitos ambientales, como la destrucción de árboles en zonas de protección, ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, conforme a la Ley 64-00.

El experto concluyó que existen vías legales robustas y accesibles para que la ciudadanía ejerza su derecho a un ambiente sano y participe activamente en la toma de decisiones sobre el uso de los espacios comunes.