Aplazan solicitud de prórroga en caso SeNaSa por luto de abogado de imputado

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional pospuso para el 4 de septiembre la audiencia en la que se evaluaría la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público en el caso SeNaSa, debido a la ausencia de la defensa de uno de los imputados por razones de luto.

El juez Deiby Peguero decidió no conocer la solicitud tras confirmarse que el abogado Jaime Terrero, quien representa al imputado Francisco Iván Minaya Pérez, se encuentra ausente porque su padre falleció y su cuerpo está siendo velado en una funeraria de Santo Domingo, lo que dejó al imputado en situación de indefensión temporal.

La solicitud de prórroga, presentada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), busca analizar con detalle más de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los allanamientos realizados como parte de la investigación del caso Cobra, que involucra un presunto desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Según el procurador adjunto Wilson Camacho, el análisis de estas evidencias permitirá determinar las responsabilidades penales de los actuales imputados y evaluar si existen elementos suficientes para vincular a nuevos implicados o imponerles medidas de coerción adicionales.

Entre los imputados figuran el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas desde diciembre de 2025.

Los cargos contra ellos incluyen presunta coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos, todos relacionados con el supuesto desfalco millonario en SeNaSa que habría afectado incluso a pacientes de cáncer.

Además, el juez conoce una solicitud de revisión de medida de coerción presentada por la defensa de Ada Ledesma Ubiera, quien pide la revocación de una garantía económica de RD$20 millones (equivalente a dos millones de pesos mensuales) alegando incapacidad de pago, además de solicitar modificaciones a su arresto domiciliario, grillete electrónico e impedimento de salida del país.

Recientemente, los imputados fueron trasladados desde el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras a la sala de audiencia del Séptimo Juzgado de la Instrucción, donde se requirió asistencia de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo Penitenciario (UTAR) para apoyar al exdirector Hazim al caminar y subir escalones debido a sus dificultades de movilidad.