Aplazan para agosto revisión de medida coercitiva en Caso Cobra por desfalco a SeNaSa

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 5 de agosto la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción contra los imputados en el Caso Cobra, investigado por un presunto desfalco de más de RD$15 mil millones al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La decisión fue tomada por el juez Deiby Peguero a solicitud de la defensa, quien argumentó la necesidad de recopilar evidencia para sustentar sus alegatos.

Entre los imputados figura Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa, junto a otros funcionarios y allegados como Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya, Rafael Martínez y Ramón Speakler, este último actualmente bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Todos fueron trasladados desde dicho centro hasta la sala de audiencias para la diligencia judicial.

El Ministerio Público les atribuye una serie de delitos graves, incluyendo desfalco, lavado de activos, estafa contra el Estado, soborno, falsificación de documentos, asociación de malhechores, prevaricación y cohecho, en el marco de una supuesta red de corrupción que habría desviado fondos públicos destinados a la salud.

Durante el proceso, algunos implicados como Ada Ledesma han tenido su medida de coerción variada de prisión preventiva a arresto domiciliario. Asimismo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta y Heidi Pineda permanecen bajo arresto domiciliario tras admitir haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios de SeNaSa durante el conocimiento de la medida de coerción.

La revisión de la medida de coerción es un trámite legal obligatorio que permite evaluar si las condiciones de privación de libertad deben mantenerse, modificarse o levantarse. En este caso, la defensa busca obtener condiciones menos gravosas para sus representados, mientras que la acusación sostiene la necesidad de mantener las medidas preventivas dada la magnitud del presunto fraude y el riesgo de obstrucción a la justicia.

El caso continúa en fase de instrucción, y se espera que la audiencia de agosto permita avanzar en la presentación de pruebas y argumentos por ambas partes, bajo la supervisión del juzgado competente.