Aplazan audiencia por presunto maltrato a menores en Fundación Restaurando Vida

La audiencia para conocer la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fue aplazada para el jueves 10 de septiembre, tras la solicitud conjunta de la defensa y el Ministerio Público para revisar el expediente y los resultados de las entrevistas realizadas a los menores involucrados en el caso.

Los imputados son señalados de presunto maltrato y abuso psicológico contra nueve menores dentro de la Fundación Restaurando Vida, ubicada en Haina. La defensa, representada por los abogados Luis Carela y Manuel Soto Lara, solicitó el aplazamiento para analizar el material probatorio, incluyendo las entrevistas tipo Cámara Gesell realizadas a los niños y niñas.

Según Luis Carela, el aplazamiento se debió a la solicitud del Ministerio Público de realizar las entrevistas Gesell a los menores que fueron detenidos en la iglesia asociada al pastor. Carela desestimó los señalamientos de las autoridades como una "burbuja", afirmando que no hubo maltrato ni trabajos forzosos y que demostrarán lo contrario en el proceso judicial.

Cuando fue cuestionado sobre si la fundación contaba con los permisos necesarios para operar, Carela evadió la respuesta, indicando que ese tema se abordará durante la audiencia de medida de coerción.

Por su parte, el abogado Manuel Soto Lara explicó que, incluso si se confirma que la fundación operaba sin permiso, esto no constituiría un delito penal, sino una falta administrativa que solo acarrea sanciones disciplinarias. Agregó que las autoridades deberían haber corregido las deficiencias en lugar de cerrar el centro, el cual, según él, también brinda apoyo a ancianos y personas vulnerables.

El caso se originó cuando un menor de 12 años escapó de la Fundación Restaurando Vida y se presentó ante una dotación policial en Hatillo, San Cristóbal, denunciando haber sido sometido a trabajo forzoso y maltratos físicos. Tras la denuncia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Departamento de Tráfico y Trata de Personas intervinieron, rescatando a 14 menores y deteniendo a 13 personas.

Sin embargo, la defensa aclaró que la acusación formal involucra a nueve menores, no 14, y reiteró su confianza en que la justicia determinará la verdad tras una investigación adecuada. Soto Lara expresó su esperanza de que el caso se investigue y pruebe en los tribunales, y criticó el cierre del centro como una medida que afecta a niños y ancianos que dependen de sus servicios.

Además, Soto Lara afirmó que Ángel Gabriel Capellán debería ser reconocido por su labor comunitaria, argumentando que muchos padres llevan a sus hijos al centro buscando su rehabilitación y que, según él, se demostrará que las acusaciones del Ministerio Público son infundadas.