Amplia condena regional a operación militar de EE.UU. en Venezuela

Una amplia coalición de países latinoamericanos, junto a España, condenó este martes en la Organización de Estados Americanos (OEA) la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una violación del derecho internacional y una amenaza a la estabilidad regional. El debate, celebrado en Washington, evidenció profundas divisiones hemisféricas sobre el enfoque para abordar la crisis venezolana.

Posiciones Críticas y Advertencias

El Gobierno de Colombia lideró el rechazo, denunciando la acción como una "violación flagrante del derecho internacional" y una amenaza directa a la seguridad continental. La delegación brasileña elevó el tono de la protesta diplomática, tildando la operación de "secuestro" y advirtiendo sobre el riesgo de que el uso de la fuerza militar suplante al multilateralismo.

Desde Europa, España se alineó con las posturas críticas de México y Chile, advirtiendo que la injerencia militar foránea sienta un "precedente peligroso" y no constituye el camino adecuado para restaurar la democracia. República Dominicana, a través de su viceministro Francisco Caraballo, instó a diseñar una hoja de ruta realista que garantice una transición pacífica, enmarcada estrictamente en el respeto a la soberanía y la autodeterminación.

"Cualquier solución debe priorizar la construcción gradual de una salida pacífica a la crisis", enfatizó Caraballo durante su intervención.

La Justificación de Washington y la Tensión con Bogotá

En respuesta a las críticas, el embajador estadounidense Leandro Rizzuto justificó la captura del expresidente Nicolás Maduro, argumentando la necesidad imperiosa de "proteger al hemisferio de estructuras criminales y del narcotráfico". La tensión diplomática escaló significativamente cuando Colombia denunció ante el organismo las amenazas directas del expresidente Donald Trump contra el mandatario Gustavo Petro, a quien la Casa Blanca habría señalado como un posible objetivo futuro.

El debate político también estuvo marcado por las declaraciones de funcionarios de Washington sobre el control de las vastas reservas de petróleo venezolanas, sugiriendo la participación de empresas norteamericanas. Este punto añadió una capa de controversia geoeconómica a la ya compleja situación.

Mientras el organismo deliberaba, se confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos federales por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, tras su traslado forzoso desde Caracas. La sesión de la OEA dejó en evidencia la profunda fractura en el abordaje de la crisis venezolana, entre quienes apuestan por la presión y la acción unilateral y quienes defienden una salida negociada y estrictamente diplomática.