Alcalde de Lawrence enfrenta cargos estatales por grabación ilegal y distribución de audio

El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, enfrenta nuevos cargos estatales tras ser acusado de grabar ilegalmente una conversación entre dos empleados públicos en el Ayuntamiento y distribuirla entre al menos 14 personas, según informó la Fiscalía de Massachusetts.

Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando una de las cámaras de seguridad privadas instaladas por DePeña en su oficina del Ayuntamiento grabó en secreto tanto audio como video de una conversación en un pasillo entre William Castro, entonces jefe de gabinete, y Francisco Ureña, encargado del aeropuerto municipal. Según la Fiscalía, al menos uno de los empleados no sabía que estaba siendo grabado.

La Fiscalía alega que, al conocer que la conversación había sido grabada, DePeña distribuyó copias de la grabación a 14 personas, lo que constituye un delito bajo la ley estatal de Massachusetts sobre interceptación de comunicaciones. El material comenzó a circular en redes sociales poco después, lo que generó polémica pública.

Un día después de que el video se hiciera viral, DePeña anunció que William Castro ya no formaba parte de su administración. La Fiscalía destacó que las cámaras de seguridad propiedad de la ciudad no graban audio y que no hubo aviso público sobre la activación del sistema privado de vigilancia que sí lo hacía.

Además, en agosto de 2026, se le atribuye un cargo adicional por intimidación de testigos relacionado con un testigo en el caso, lo que eleva el total de cargos estatales a 15: 14 por distribución de comunicaciones interceptadas y uno por intimidación de testigos.

Estos cargos se suman a los 11 federales que ya enfrenta DePeña por presuntamente haber obtenido más de 1.5 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas relacionados con la pandemia de COVID-19 y utilizarlos para financiar su campaña política, pagar impuestos personales y saldar hipotecas de alto interés sobre propiedades en Lawrence.

Según la ley de Massachusetts, la grabación secreta de comunicaciones orales sin el consentimiento de todas las partes es un delito grave que puede conllevar hasta cinco años de prisión, multas de hasta 10,000 dólares y responsabilidad civil. Su comparecencia ante un juez por los nuevos cargos estatales se programará para una fecha posterior.