Administración Trump reduce en casi $1,000 millones fondos aprobados por el Congreso

La administración Trump anunció una reducción de casi $1,000 millones en fondos que previamente habían sido aprobados por el Congreso, según informaron fuentes oficiales el 25 de septiembre de 2026. Esta medida afecta principalmente a programas de asistencia social y desarrollo comunitario que estaban incluidos en el presupuesto federal del año fiscal 2026.

Los recortes se aplican a partidas ya autorizadas por el Legislativo, lo que ha generado preocupación entre legisladores de ambos partidos que consideran que la acción podría exceder la autoridad ejecutiva. La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) justificó la decisión como parte de un esfuerzo por reorientar recursos hacia prioridades de seguridad nacional y infraestructura crítica.

Entre los programas afectados se encuentran iniciativas de vivienda asequible, subsidios para energías renovables en zonas rurales y fondos para programas de capacitación laboral en comunidades de bajos ingresos. Funcionarios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) indicaron que aproximadamente el 60% del recorte proviene de sus asignaciones.

La Casa Blanca argumentó que los fondos redirigidos serán utilizados para fortalecer la seguridad fronteriza y modernizar sistemas de defensa cibernética. Sin embargo, grupos de defensa de derechos sociales advirtieron que los recortes podrían afectar desproporcionadamente a poblaciones vulnerables, incluyendo familias monoparentales y adultos mayores.

Líderes del Congreso expresaron preocupación por el precedente constitucional que podría establecer esta acción. La presidenta del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes señaló que, si bien el presidente tiene cierta discreción en la ejecución del presupuesto, no puede unilateralmente anular asignaciones ya aprobadas por ley sin autorización legislativa.

Se espera que varios comités legislativos inicien revisiones para determinar la legalidad de los recortes bajo la Ley de Control y Impoundment de Fondos de 1974, que limita la capacidad del ejecutivo para retener o reasignar fondos aprobados por el Congreso. Algunos analistas sugieren que el asunto podría terminar en los tribunales federales.