Adesinc advierte sobre riesgos del nuevo Código Penal para empresas de seguridad privada

La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) expresó su preocupación respecto al impacto que podría tener el nuevo Código Penal en las operaciones de las empresas de seguridad privada, particularmente por la falta de claridad en la responsabilidad penal corporativa y las disposiciones sobre el uso de la fuerza.

Freddy González Estrada, presidente de Adesinc, advirtió que la ausencia de una delimitación precisa entre la responsabilidad individual del agente de seguridad y la potencial responsabilidad de la empresa podría generar incertidumbre jurídica y exponer a las compañías a procesos penales por actuaciones aisladas de sus empleados que se desvíen de los protocolos establecidos.

La postura fue presentada durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por Adesinc este miércoles, con la participación del jurista Francisco Álvarez, directivos de la asociación y representantes del sector.

González Estrada reconoció la necesidad de modernizar el marco penal, pero enfatizó que es fundamental establecer garantías que permitan una aplicación proporcional de la ley a una industria que, según datos del gremio, genera más de 62,000 empleos formales, mueve anualmente más de RD$ 24,000 millones y aporta cerca de 90 millones de horas de vigilancia.

"Una actuación individual de un vigilante que se aparte de los protocolos establecidos no debería traducirse automáticamente en responsabilidad penal para la empresa o sus ejecutivos por supuestas deficiencias de supervisión"

Según el dirigente gremial, el nuevo marco legal debe definir con precisión los límites entre la responsabilidad individual del agente y la que pueda corresponder a la empresa, con el objetivo de preservar la seguridad jurídica de las compañías que operan formalmente y cumplen con los protocolos.

Otro punto crítico señalado por Adesinc es la necesidad de reglas claras sobre la legítima defensa y el uso de armas de fuego por parte de los agentes durante el ejercicio de sus funciones. El gremio advierte que la falta de precisión en estas disposiciones podría dar lugar a procesos judiciales incluso cuando los agentes hayan actuado dentro de sus responsabilidades y protocolos de seguridad.

Además, González Estrada manifestó preocupación por el incremento de las penas y la incorporación de nuevos tipos penales, considerando que estas medidas pueden aumentar la exposición jurídica de las empresas del sector.

Durante el taller, el jurista Francisco Álvarez, socio de la firma Fabogados, analizó las disposiciones del nuevo Código Penal que afectan directamente las operaciones de las empresas de seguridad privada, como la retención de personas, la videovigilancia y la custodia de evidencias —áreas que forman parte de sus labores habituales y que podrían requerir ajustes en sus procedimientos internos.

Álvarez propuso establecer un período de 90 días de adecuación preventiva, durante el cual los ejecutivos y asesores legales de las empresas puedan revisar y actualizar sus controles internos conforme a las nuevas disposiciones, con el fin de reducir riesgos y facilitar la transición al nuevo marco penal.

Adesinc reiteró su disposición para colaborar en el proceso de adecuación del sector y abogó por que la aplicación del nuevo Código Penal preservé un equilibrio entre la persecución de conductas ilícitas y la seguridad jurídica de las empresas que cumplen con las normas y protocolos establecidos.