Acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: promesas, riesgos y desafíos estructurales

El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, anunciado el 28 de agosto, ha generado expectativas pero también cautela entre expertos, quienes advierten sobre los retos de infraestructura, incertidumbre política y la concentración del proyecto en una sola empresa con antecedentes cuestionados.

Según la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, el convenio contempla la explotación de una quinta parte de las reservas venezolanas, equivalentes a 65.000 millones de barriles de los más de 303.000 millones que posee el país, las mayores del mundo. El objetivo es elevar la producción actual de 1,2 millones de barriles por día (bpd) a más de 1,5 millones de bpd, mediante el desarrollo de 17 campos durante 25 años.

La inversión proyectada supera los 100.000 millones de dólares, aunque el economista Asdrúbal Oliveros advierte que, por ahora, se trata de una aspiración muy ambiciosa, ya que no hay capital comprometido ni desembolsado. Señala que para materializar el acuerdo se requiere seguridad jurídica, infraestructura, servicios petroleros, talento y confianza de inversionistas dispuestos a comprometer capital durante décadas.

Oliveros considera prematuro evaluar el acuerdo como una realidad, pues solo se conocen anuncios y términos generales, faltando detalles sobre la arquitectura contractual, garantías, régimen fiscal y compromisos efectivos de inversión. Añade que existe una gran diferencia entre tener derechos sobre reservas y convertirlos en producción, exportaciones y flujo fiscal.

Uno de los riesgos más destacados es la dependencia del entendimiento político entre ambos gobiernos. Oliveros advierte que, dado que la recuperación de inversiones petroleras puede tomar décadas, mientras los ciclos políticos son mucho más cortos, es esencial un marco jurídico e institucional capaz de trascender a las administraciones actuales. Señala que una verdadera prueba será garantizar que las inversiones sobrevivan a un cambio político tanto en Caracas como en Washington.

El proyecto fue asignado a North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa que tiene una participación accionarial del 35 % otorgada por el Pentágono. Según un economista que pidió anonimato, esto le da a NABEP un superpoder para controlar una parte importante de la producción petrolera venezolana, algo sin precedentes en la historia del país. Advierte que tal concentración de poder, sin controles y equilibrios, podría permitir decisiones que afecten a todo un país.

Detrás de NABEP está el empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal. Betancourt acumuló fortuna durante el chavismo mediante contratos eléctricos en medio de una crisis sectorial. Aunque ha sido defendido por Rodríguez y altos funcionarios estadounidenses, su historial genera desconfianza en sectores opositores y analistas independientes.

El acuerdo ha sido criticado por figuras de la oposición venezolana. El exministro Ricardo Hausmann lo calificó de inconstitucional al ser firmado con un gobierno que considera ilegítimo. Dirigentes como Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa acusan a las autoridades actuales de haber destruido la industria petrolera. María Corina Machado advirtió que los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores, refiriéndose al Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por un sector de la oposición y por la administración interina liderada por Rodríguez.

El acercamiento entre ambos países se produjo tras la captura de Nicolás Maduro hace ocho meses, lo que pasó de un historial de enemistad a una alianza estratégica rechazada por seguidores del chavismo, quienes la describen como un tutelaje de Washington sobre Caracas.