Acceso a las playas: derecho constitucional pendiente de reglamentación en RD

La República Dominicana cuenta con un marco constitucional que garantiza el libre acceso a sus playas, pero la falta de una ley que defina las servidumbres necesarias para llegar a ellas mantiene vigente un debate que lleva casi dos décadas abierto. El diputado por La Romana, Eugenio Cedeño, ha sido uno de los voces más persistentes en señalar esta contradicción entre el reconocimiento del derecho y su ejercicio efectivo por parte de la ciudadanía dominicana.

Durante una entrevista en el programa radial “Esto No Tiene Nombre”, transmitido por La 95.7 FM, Cedeño explicó que, aunque el artículo 15 de la Constitución establece que las costas, playas y riberas son de libre acceso y que la ley debe definir las servidumbres necesarias para llegar a ellas, esa norma de desarrollo aún no existe, lo que ha permitido que en algunos lugares el acceso se vuelva complicado o limitado.

Para ilustrar esta situación, el legislador utilizó una metáfora cotidiana: “Es como tener un plátano verde, bonito, pero no te doy con qué pelarlo y con qué hervirlo”. Con esta imagen, buscó destacar la diferencia entre reconocer un derecho en la carta magna y crear las condiciones reales para que la población pueda ejercerlo.

Cedeño también recurrió a elementos de la cultura dominicana para expresar su preocupación. De manera sarcástica, cuestionó el riesgo de que las playas terminen convertidas en espacios exclusivos para unos pocos, mencionando al dominicano que llega al mar con “su libra de espaguetis”, como símbolo de las familias que tradicionalmente han usado las costas como lugar de encuentro, recreación y convivencia.

Según el diputado, el debate no se limita al derecho a bañarse, sino que engloba una dimensión económica. “Yo no lo veo como el derecho a bañarme. Yo lo veo como el derecho económico”, sostuvo, argumentando que un acceso organizado a las costas puede generar riqueza para más sectores de la sociedad, incluyendo comerciantes, artesanos, pequeños empresarios y comunidades locales.

Desde 2005, Cedeño ha impulsado un proyecto de ley para regular el libre acceso a las playas, costas y riberas del país. La iniciativa ha pasado por distintas etapas en el Congreso Nacional, pero aún no se ha convertido en una ley definitiva. Según el legislador, esta demora genera desigualdades: los desarrollos turísticos con acceso directo a la costa se benefician, mientras que terrenos cercanos pierden valor al no contar con una vía garantizada para llegar al litoral.

“Cuando tú tienes la playa cogida y nadie más puede entrar, la tierra alrededor pierde valor”, planteó Cedeño, explicando que el acceso público puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico, no en un obstáculo para la inversión privada o el turismo. Al contrario, aseguró que una regulación clara permitiría que más dominicanos participen de la economía que generan las costas.

Como ejemplo, mencionó zonas turísticas donde pequeños corredores de acceso han permitido que vendedores y negocios locales aprovechen el movimiento de visitantes. Advirtió, además, que el país debe actuar antes de que el crecimiento inmobiliario y turístico reduzca las posibilidades de acceso para las futuras generaciones, especialmente en zonas en desarrollo como Miches y Pedernales.

La pregunta que subyace en el debate es clara: en un país famoso por sus costas, ¿quién podrá realmente disfrutarlas dentro de unos años? Mientras tanto, el proyecto de ley sigue pendiente, y la discusión sobre el equilibrio entre inversión turística y derecho ciudadano al acceso a las playas continúa tomando fuerza en el ámbito nacional.