Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia con propuestas polémicas y enfoque de mano dura

Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia este viernes tras ganar las elecciones sin experiencia previa en cargos políticos de elección popular, pero con un discurso ideológico definido y propuestas que han generado amplio debate en el país y en el ámbito internacional.

Durante un retiro espiritual reciente con su gabinete, el nuevo presidente declaró que llevaría «una Biblia en una mano y un fusil en la otra» para combatir el crimen, una frase que se ha convertido en un símbolo de su enfoque de seguridad basado en la fuerza militar y la coherencia ideológica.

En materia de seguridad, De la Espriella ha dado un ultimátum a los grupos armados: someterse a la justicia o enfrentar acción militar directa. Ha propuesto bombardear cargamentos de droga y campamentos denominados «narcoterroristas», fumigar extensas áreas de cultivo de coca y construir megacárceles inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.

Estas medidas han sido comparadas por analistas con políticas anteriores en Colombia, como las fumigaciones aéreas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y con la cruzada armada impulsada por Donald Trump en aguas sudamericanas y del Caribe, que según registros ha dejado más de 200 muertos desde agosto de 2025.

El experto Héctor Galeano del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe advierte que el enfoque de De la Espriella se enmarca en una visión de seguridad tradicional basada exclusivamente en la fuerza, similar al trumpismo, y señala que históricamente las políticas de mano dura en Colombia han estado vinculadas a empoderamientos paramilitares y abusos contra derechos humanos.

Una de las propuestas más controvertidas es la creación de frentes de seguridad ciudadana en cinco ciudades principales, incluyendo Bogotá y Barranquilla, lo que recuerda a las antiguas Convivir de los años 90, asociadas por la Comisión de la Verdad al fortalecimiento de estructuras paramilitares y a casos de desapariciones, masacres y abusos contra civiles.

El presidente ha rechazado cualquier forma de negociación con grupos armados ilegales y ha criticado duramente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano clave del acuerdo de paz con las FARC, calificándola como ineficaz y parcial.

En política internacional, De la Espriella ha declarado su afinidad con Donald Trump y anunciado el cierre de embajadas en Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos denomina «tiranías». Además, ha anunciado que Colombia se unirá al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad regional impulsada por Estados Unidos que actualmente incluye a Perú, Ecuador y El Salvador.

Para liderar la política exterior, designó como canciller a Omar Bula Escobar, exfuncionario de las Naciones Unidas y autodeclarado en sus redes sociales como cristiano y prooccidental. Bula ha expresado públicamente su rechazo a lo que denomina una «agenda global» detrás de temas como la pandemia de covid-19, el cambio climático y la ideología de género, los cuales considera importados y alejados de los problemas nacionales reales.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, interpreta este nombramiento y las posturas del gobierno como un rechazo al multilateralismo y una ruptura con la tradición diplomática colombiana basada en el diálogo y la cooperación internacional.

Las propuestas de seguridad de De la Espriella, agrupadas bajo el nombre de «Patria Milagro», han sido descritas por analistas como más eslóganes que políticas concretas. Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, señala que falta claridad en los mecanismos de implementación y que no se han presentado documentos técnicos que detallen cómo se ejecutarían medidas como los bombardeos o las fumigaciones a gran escala.

El gobierno enfrenta significativos contrapesos institucionales, incluyendo el Congreso, la Corte Constitucional y organismos de control, que podrían limitar la implementación de algunas de las propuestas más radicales, especialmente aquellas que vulneren derechos humanos o el debido proceso.

Academia y sectores sociales debaten si el movimiento Defensores de la Patria, liderado por De la Espriella, debe clasificarse como una derecha populista o como parte de una «nueva derecha» distinta de las que gobernaron Colombia durante casi 200 años antes de la llegada de Gustavo Petro en 2022, el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos feministas y LGBTIQ+ han expresado preocupación por el potencial impacto de estas políticas en las libertades individuales y en el avance de agendas de igualdad y justicia social, advirtiendo que un enfoque basado únicamente en la fuerza podría profundizar las desigualdades y los conflictos sociales.

Aunque el gobierno asegura que su objetivo es restablecer el orden y la seguridad nacional, críticos advierten que sin un acompañamiento de políticas sociales, de justicia y de derechos humanos, las medidas propuestas podrían repetir patrones históricos de violencia estatal y falta de resolución estructural del conflicto armado, que en Colombia supera los 60 años de duración.