ABC demanda a la administración Trump por presuntas amenazas a sus licencias de transmisión

La cadena de televisión ABC ha presentado una demanda formal contra la administración Trump alegando presiones indebidas y amenazas para retirar sus licencias de transmisión, según documentos judiciales presentados el 18 de agosto de 2026. La acción legal surge en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y medios de comunicación críticos.

Según la denuncia, funcionarios de alto nivel de la administración habrían advertido a ABC sobre posibles revisiones aceleradas de sus licencias de operación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) como respuesta a la cobertura crítica del programa de Jimmy Kimmel. Estas supuestas amenazas se habrían intensificado tras varios segmentos del show que abordaron controversias políticas durante 2025.

El conflicto se remonta al menos a noviembre de 2025, cuando el entonces presidente Trump públicamente sugirió retirar la licencia de transmisión de ABC tras una entrevista en la que una periodista cuestionó sus políticas migratorias. Horas después, en un mitin político, calificó a la cadena como "enemiga del pueblo" y acusó a sus conductores de difundir desinformación.

La demanda también menciona que, en abril de 2026, la FCC anunció una revisión anticipada de las licencias de ABC, movimiento que la cadena interpreta como represalia directa por su línea editorial. ABC sostiene que dicha revisión viola principios de independencia regulatoria y libertad de prensa protegidos por la Primera Enmienda.

Además, el litigio señala que las presiones se extendieron al entorno laboral de Jimmy Kimmel, cuyo programa nocturno fue suspendido indefinidamente en septiembre de 2025 tras un episodio en el que realizó comentarios satiricos sobre figuras del gobierno. Trump celebró públicamente la cancelación, describiéndola como "buenas noticias" para la cultura estadounidense.

ABC argumenta que estas acciones constituyen un patrón de intimidación diseñado para silenciar voces críticas y afectar negativamente su valor de mercado, ingresos publicitarios y capacidad operativa. La cadena busca una orden judicial que impida cualquier acción retaliatoria contra sus licencias y solicita daños compensatorios por presunto daño reputacional y económico.

El caso se presenta en un momento de debate nacional sobre los límites del poder ejecutivo frente a los medios de comunicación. Expertos constitucionales han advertido que el uso de licencias de transmisión como herramienta de presión política podría establecer un precedente peligroso para la independencia de los medios en Estados Unidos.