26 años después: ¿existe una política cultural de Estado sostenible en RD?

Veintiséis años después de la creación de la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, la República Dominicana sigue enfrentando el desafío de consolidar una política cultural de Estado sostenible, capaz de trascender los cambios de gobierno y las gestiones individuales.

El marco legal y constitucional existe: el artículo 64 de la Constitución garantiza el derecho a participar en la vida cultural, acceder a bienes y servicios culturales y beneficiarse de la producción artística, científica y literaria. Asimismo, obliga al Estado a promover la cultura, garantizar la libertad de creación, la igualdad de acceso, la diversidad y la protección del patrimonio.

La Ley 41-00, promulgada el 28 de junio de 2000, estableció la Secretaría de Estado de Cultura y le asignó la responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Cultura, así como ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo cultural. Este mandato institucional sigue vigente.

Durante este cuarto de siglo, el país ha contado con ministros, viceministros, directores, programas, festivales, exposiciones, conciertos, ferias y publicaciones. Algunas iniciativas han resultado valiosas, pero la mera sucesión de actividades no equivale a una política pública de Estado.

Una verdadera política cultural debe establecer prioridades, articular instituciones, garantizar derechos, asignar recursos, formar ciudadanos y creadores, proteger el patrimonio, descentralizar oportunidades, evaluar resultados y, sobre todo, mantener continuidad. Es precisamente en este último aspecto donde se observa uno de los mayores déficits del sistema.

Cada administración llega con su propia visión, cada ministro imprime su sello y se modifican funcionarios, programas y prioridades sin una evaluación previa. Esto genera una pérdida de memoria institucional y obliga a comenzar de nuevo en cada ciclo gubernamental, impidiendo la construcción de una política de Estado sostenible.

El problema no se reduce a la calidad individual de los funcionarios. Incluso un ministro con sensibilidad, experiencia y buenas intenciones no puede sustituir una política nacional. El Ministerio de Cultura debe funcionar como una institución del Estado, no como el proyecto personal de quien lo ocupa temporalmente.

Además, la cultura rara vez ocupa un lugar permanente en la agenda de los partidos políticos. Mientras se debate la economía, la salud, la educación, la seguridad, el empleo y la infraestructura, la cultura suele aparecer como discurso ceremonial, acompañamiento de campaña o escenario de celebraciones, lo cual resulta insuficiente para un desarrollo sectorial estructurado.

Los partidos que aspiran a gobernar deberían presentar un diagnóstico del sector cultural, conocer sus instituciones, evaluar el estado de escuelas de arte, museos, bibliotecas, archivos, patrimonio, libro, teatro, música, danza, cine, artes visuales e industrias culturales, y proponer soluciones antes de asumir el poder, no después.

La pregunta ciudadana es legítima: ¿qué hará cada partido con la cultura dominicana si llega al gobierno? Pero quizás sea aún más relevante preguntar: ¿qué están haciendo hoy esos partidos por la cultura mientras permanecen en la oposición? Una política cultural de Estado debería comenzar mucho antes de ganar unas elecciones.