21 estados y ciudades demandan norma Trump que limita green cards a inmigrantes con ayuda pública

Veintiún estados y varias ciudades gobernadas por demócratas presentaron demandas judiciales para impugnar una norma federal del gobierno de Donald Trump que amplía la discreción para negar tarjetas de residencia permanente (green cards) a inmigrantes que dependen de asistencia pública.

La norma, según los demandantes, permitiría a las autoridades de inmigración denegar la residencia a quienes reciban beneficios como cupones de alimentos, cobertura médica Medicaid, subsidios de vivienda u otros apoyos básicos, incluso cuando tengan derecho legal a ellos.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, encabeza una coalición de 21 estados que incluye a California, Colorado, Hawai, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin, entre otros. En una conferencia de prensa, James advirtió que la política obliga a familias inmigrantes a elegir entre acceder a ayuda esencial o buscar su estatus legal en el país.

"Esta norma se aprovecha del miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal", declaró James, acompañada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani y defensores de derechos de inmigrantes.

Por su parte, Mamdani presentó una demanda por separado, respaldada por líderes de ciudades como Chicago, San Francisco y Seattle, argumentando que la medida afecta desproporcionadamente a comunidades vulnerables y viola principios de acceso equitativo a servicios públicos.

Las demandas alegan que la norma excede la autoridad ejecutiva del presidente y contradice leyes existentes de inmigración y seguridad social, al permitir que funcionarios consideren el uso pasado, presente o futuro de beneficios públicos como factor negativo en las solicitudes de residencia.

El conflicto se enmarca en un esfuerzo más amplio por restringir la inmigración legal mediante cambios interpretativos en las reglas de public charge (carga pública), un criterio que evalúa si un inmigrante probablemente dependerá del Estado para su sustento.

Los tribunales deberán ahora determinar si la norma respeta los límites constitucionales y estatutarios del poder ejecutivo, en un caso que podría tener implicaciones significativas para miles de familias inmigrantes en todo el país.