18 meses tras el colapso del Jet Set: 236 víctimas y un juicio que busca justicia

Dieciocho meses después del desplome de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, los familiares de las 236 víctimas continúan exigiendo justicia y manteniendo viva la memoria de sus seres queridos. Cada día 8 de cada mes, allegados, amigos y sobrevivientes se reúnen en el lugar donde funcionaba el establecimiento para participar en una misa en honor a los fallecidos.

Este jueves 8 de octubre se cumplieron 548 días desde la tragedia, una fecha que nuevamente convocó a los familiares en el sitio del colapso para rendir homenaje. El incidente ocurrió durante una presentación musical liderada por el merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el suceso, generando una profunda conmoción a nivel nacional y poniendo en duda las condiciones estructurales y de mantenimiento de locales destinados a aglomeraciones masivas.

Los principales acusados en el proceso judicial son los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, vinculados a la propiedad y administración de la discoteca. Antonio Espaillat, empresario del sector del entretenimiento y propietario de RCC Media, y Maribel Espaillat, señalada por su participación societaria y administrativa en el establecimiento, son imputados por el Ministerio Público por presuntas negligencias relacionadas con el mantenimiento y las condiciones estructurales del local.

Durante la audiencia del juicio de fondo, el tribunal decidió recesar el proceso hasta el viernes 9 de octubre a las 9:00 a.m. para permitir que las defensas de los Espaillat preparen sus argumentos frente a las solicitudes de variación y ampliación de la calificación jurídica planteadas por las partes querellantes, actores civiles y acusadores particulares.

Actualmente, el caso se sustenta en delitos culposos de homicidio y golpes y heridas, previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal. Sin embargo, las partes acusadoras solicitan que los hechos sean reclasificados como delitos dolosos o voluntarios, conforme a los artículos 295 y 304 del mismo código, lo que implicaría un aumento significativo en las penas aplicables.

El juez encargado explicó que, de mantenerse la calificación actual, la pena máxima podría llegar a dos años, mientras que, si se acepta la solicitud de los acusadores, podría aumentarse hasta 30 años de prisión. Mientras avanza el proceso judicial, los familiares persisten en su ritual mensual de regreso al lugar del colapso, recordando que 236 vidas se perdieron aquella madrugada y que, a pesar del tiempo transcurrido, su espera por responsabilidad y justicia permanece intacta.